Son medidas que han sustituido a las tarifas G-4, con las que grandes consumidores, como la industria siderúrgica o del aluminio pueden recortar sus costes energéticos, los que más pesan en su balance. Si bien, las últimas subastas de interrumpibilidad habían generado controversia por los resultados obtenidos: las empresas acereras, agrupadas en Unesid, expresaron su preocupación por el impacto en las competitividad de compañías como Arcelor.

Pero el grupo productor estadounidense de aluminio Alcoa fue más allá. Anunció la apertura de expedientes de regulación de empleo (ERE) para sus plantillas de La Coruña y Asvilés y dejó entrever que podría replantearse su futuro en España.

En este contexto, pese a que desde el sector eléctrico se ha calificado de chantaje la actitud de Alcoa, Industria respondió, en primera instancia, descartando que el ERE estuviese relacionado con las subastas, para después anunciar nuevas pujas para asignar hasta otros 200 millones de interrumpibilidad para 2015. En la puja de la próxima semana se subastarán 50 bloques de 5 megavatios, con lo que se añadirán 250 megavatios de interrumpibilidad. El precio de salida de cada megavatio es de 195.000 euros.

El coste para el sistema eléctrico de esta modalidad de reducción de costes para determinadas industrias ha sido de 750 millones anuales, pero que deberían quedar en 500 millones como parte de la reforma energética, con su intento de acabar con el déficit tarifario.