El Pleno del Congreso debatirá este martes dos proposiciones no de ley de PP y de IU-ICV que plantean diferentes soluciones a los problemas financieros de los ayuntamientos, pero coinciden en la idea de que se perdone o, al menos se aplace, a los municipios la devolución de las liquidaciones negativas de la participación en los ingresos del Estado como medida para afrontar las consecuencias de la crisis consecuencia de la crisis.

Así, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds piden la condonación de la deuda correspondientes a los años 2008 y 2009, mientras que el PP plantea que se aplacen las devoluciones al Estado hasta la entrada en vigor de un nuevo modelo de financiación local.

En este sentido, los diputados de IU, Gaspar Llamazares, y de ICV, Nuria Buenaventura, plantean que los ayuntamientos reciban una transferencia adicional anual para financiar sus gastos ordinarios de los ayuntamientos de unos 3.500 millones de euros anuales hasta que exista un nuevo modelo de financiación local.

Tanto IU-ICV como el PP coinciden también en plantear que el Ejecutivo derogue la prohibición a los ayuntamientos de contraer nuevas deudas en 2011, retornando así al escenario establecido en los Presupuestos Generales del Estado del pasado año, que establecía un límite de endeudamiento del 120% de los ingresos corrientes.

REVISIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO LOCAL.

Por su parte, el Grupo Popular incide en reclamar la apertura de forma «real y efectiva» de una línea de crédito ICO en favor de los entes locales para que puedan hacer frente a las obligaciones que tienen contraídas con y que se aplacen las devoluciones al Estado hasta la entrada en vigor de un nuevo modelo de financiación correspondientes a las liquidaciones de la participación en los ingresos del estatales.

Los ‘populares’ proponen también la puesta en marcha de medidas estructurales para mejorar el sistema de financiación municipal: una revisión del sistema tributario de los entes locales que permita, entre otras cosas, una mejor articulación de la capacidad de las tasas para cubrir la prestación de servicios, y el establecimiento de un marco de tratamiento competencial y financiero, que garantice la igualdad de acceso a los servicios públicos y que tenga en cuenta la diversa tipología de municipios.