En 2014 se han registrado 6.658 nuevos procesos concursales, según del seguimiento de las insolvencias judiciales en España que realiza el Área de Administración de Riesgos de Crédito y Caución a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado. Esta cifra supone una caída del 32% respecto a 2013 y confirma la previsión realizada por la compañía de seguro de Crédito del grupo Atradius (controlado por Catalana Occidente) en la primavera de 2014, que hablaba de menos de 7.000 casos.

No obstante, los expertos de Crédito y Caución insisten en que los niveles de concursalidad están todavía muy lejos de los previos a la crisis, donde lo habitual era registrar un millar de casos anuales.

En 2013, el número de procesos concursales se situó muy cerca de los 10.000, máximo histórico de la concursalidad en España. Pero el cuarto trimestre ya mostró un mejor comportamiento que los tres anteriores, situándose en valores próximos al crecimiento cero. “Los datos de 2014 confirman una mejoría impulsada por la recuperación económica de la economía española, más intensa que la de otros mercados periféricos de la Eurozona”, subrayan en Crédito y Caución.

Las quiebras empresariales han reflejado fielmente las condiciones económicas desde el inicio de la crisis, con incrementos del 100% en 2008 y del 50% en 2009. Tras un descenso en 2010, las quiebras volvieron a aumentar entre 2011 y 2013, debido principalmente a la caída de la demanda interna y a la elevada presión general sobre la liquidez de las empresas, por sus limitadas opciones de financiación externa.

Tras el descenso de 2014, la evolución de las insolvencias este año “dependerá de la solidez de los mecanismos que están impulsando la recuperación económica, que no son ajenos a la evolución de los mercados de nuestro entorno”, insisten en Crédito y Caución.
“Aunque en 2015 se mantenga la tendencia de mejora iniciada hace cuatro trimestres, no parece probable que la concursalidad en España logre retornar fácilmente a los niveles anteriores a la crisis”, añaden en la compañía.
“Los cambios recientes en el marco regulatorio español están impulsando el reflotamiento de empresas en crisis, pero, sin embargo, no han mejorado las expectativas de cobro de las empresas proveedoras. Tras los últimos cambios, las principales diferencias con los países de nuestro entorno se centran ya en los privilegios de los créditos públicos, significativamente más inflexibles en España, las demoras por falta de medios de la Justicia Mercantil y la cultura concursal, tendente a la liquidación y no a la reestructuración de deudas”, concluyen estos expertos.