La primera fiscal general del Estado en la historia contemporánea de España, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, no tiene cuentas en Suiza ni asuntos pendientes con la justicia ni ha sido militante oculta del PP. Así lo manifestó en respuesta al diputado de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, durante el trámite de presentación en la Comisión de Justicia del Congreso, que es previo a la jura del cargo. Algunos portavoces entendieron que se trata de un trámite protocolario semejante al de las bodas –si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora y si no que calle para siempre–, pero como gato escaldado del agua huye, Llamazares no quiere que, como ocurrió nada menos que con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, después se sepa por la prensa lo que no se pudo conocer a tiempo, que era militante y asesor del PP en materia laboral.

Madrigal ocupará el sillón que dejó vacante el 18 de diciembre su “superior y amigo” Eduardo Torres Dulce tras dimitir “por razones personales”. Ha sido jefa de la Fiscalía de Menores durante siete años y llega con la lección aprendida de sus antecesores Carlos Granados, en cuya secretaría técnica trabajó; Cándido Cónde Pumpido, con el que colaboró en el Tribunal Supremo, y Eduardo Torres dulce, al que consideró “compañero y amigo”. Nada pudo ella decir a las preguntas sobre la dimisión de Torres. No afirmó ni negó que tuviera una relación directa con las presiones del Ejecutivo, como afirmaron varios portavoces, y con la querella contra Artur Mas por la consulta popular del 9 de noviembre, de la que dijo que espera y desea que no se convierta en un “macroproceso”. Pero quitando eso, fue bastante clara en todas las respuestas.

Aseguró que el Gobierno no le ha pedido nada y que ella ha pedido más medios personales y materiales para el Ministerio Fiscal y le ha hecho llegar la lista pormenorizada de ncesidades, se confesó católica practicante y confirmó la firma en su día (2008) de una declaración de condena contra las clínicas privadas que realizaban abortos y que fueron incriminadas y absueltas, pero lo hizo, dijo, en uso de su libertad como ciudadana y ahora defendería la legalidad vigente. En respuesta a la socialista Rosa Aguilar dijo que su opinión “no es muy favorable” a la implantación de la “prisión permanente revisable” o cadena perpetua, prevista en el nuevo Código Penal, cuya discusión comenzó ayer mismo. Tampoco se mostró de acuerdo con la elevación de las penas como la mejor forma de prevenir los delitos, pues estimó más eficaz una justicia rápida e inexorablemente.

Sin necesidad de papel alguno la nueva Fiscal General del Estado expuso las líneas maestras de su actuación, afirmando en varias ocasiones su especial atención a “los más débiles” y la defensa del Estado social y democrático de derecho: Enumeró con gran claridad la lista de prioridades, comenzando por la persecución del terrorismo internacional y el crimen organizado, la trata y exclavitud de seres humanos –el segundo negocio ilícito que más dinero mueve en el planeta–, la corrupción política, la violencia contra las mujeres, la siniestrabilidad laboral y la delincuencia informática.

Duras fueron sus palabras contra la corrupción, “un colosal atentado a la democracia, con daño al erario público y desafección a las instituciones”. Y firme su actitud, “sean quienes sean”, para procurar “una respuesta penal tajante y pronta”. En relación con la celeridad penal, además de reforzar la Fiscalía con secciones de expertos –policías, inspectores fiscales, interventores y técnicos del Banco de España– apostó por “dividir las causas” para evitar “los macroprocesos”. “Hay que trasladar la idea –dijo– de que delinquir no es rentable y no va a haber zonas de penumbra en las que se puedan agazapar”.

Quedó el examen de la Fiscal del Estado interrumpido por el minuto de silencio en solidaridad con las trece víctimas mortales de los terroristas islámicos en París contra el semanario satírico Charlie Hebdo y contra varios policías –precisamente la primera prioridad de enunciada por Madrigal–, y al reanudar la sesión, el portavoz del PP, José Miguel Castillo, le planteó una sola pregunta: “¿Cómo quiere que la llamen, fiscal o fiscala general del Estado?”. No le contestó. Lógico. Para preocupaciones semánticas está la situación.