Cuentan los observadores de fenómenos difusos que la ley y la verdad van siempre detrás de la realidad. En periodismo decimos que la mentira y su primo el rumor ya han dado la vuelta al mundo mientras la verdad no ha terminado de atarse las botas. Vamos a dejar la mendacidad para cuando arrecie la campaña electoral y a referirnos a la ley. En concreto, al texto legal más importante de cuantos pueden confeccionar los legisladores para arruinarnos la vida, ese nuevo Cógido Penal que la Comisión de Justicia del Congreso ha despachado en menos de ocho horas, la tarde del jueves 15 de enero y la mañana del viernes 16. Sorprende esa aceleración de bólido después de año y medio de tramitación a cámara lenta. También sorprende que pocas, muy pocas aportaciones de los expertos penalistas que comparecieron hace un año, hayan sido recogidas. Quizá la única y más notable ha sido la supresión del encierro a perpetuidad de los enfermos mentales, que el ya exministro Alberto Ruiz-Gallardón y su equipo de codificadores habían colado de rondón, convirtiendo la presunción de peligrosidad en motivo suficiente para prorrogar la reclusión de esas personas cada cinco años hasta el final de sus vidas.

En cambio, los expertos (sobre todo jueces, fiscales y catedráticos) y todos los grupos de la oposición no han tenido suerte con la cadena perpetua. La decisión del PP de reimplantar esta pena que quedó derogada con el acabose de la dictadura para sancionar a los autores de los atentados terroristas en los que muera una persona y de los crímenes más viles y horrorosos como las violaciones con asesinato, resulta inamovible y, según su portavoz en la materia, el letrado granadino José Miguel Castillo, viene avalada por la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las dudas de constitucionalidad manifestadas por los portavoces de los distintos grupos (también por los expertos) han sido planchadas por el rodillo de la mayoría absoluta, con el resultado que resumió el portavoz de CiU, Antoni Picò: “Hasta ahora teníamos un Código Penal de todos, desde ahora tendremos el Código Penal del PP”.

El “populismo punitivo”, en palabras del socialista Julio Villarrubia, más parece encaminado a obtener réditos electorales que a prevenir los delitos con mayores castigos. En esto coinciden casi todos los expertos y todos los portavoces de la oposición. Hasta la nueva Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha dicho que no son más penas, sino más rápidas y efectivas lo que necesita este país. Contó la fiscal Madrigal que hace muchos leyó en la pared de un lavabo la queja: “La justicia llega tarde”, y el añadido con otra letra: “Pero llega”. Y denunció así implícitamente esta justicia tan rentable, sobre todo para la delincuencia de cuello blanco, que unos disfrutan y otros padecen en España.

Si el texto punitivo en vigor contempla penas de hasta 40 años de reclusión efectiva, ¿añade algo la restauración de la cadena perpetua, eufemísticamente llamada “prisión permanente revisable?, preguntaron una y otra vez los distintos portavoces al representante del PP. Desde su almena, el señor Castillo no articuló respuesta. La otra cara del énfasis punitivo es la reducción de las penas previstas para los delitos económicos relacionados con la administración desleal, la corrupción y cuando los cometan personas jurídicas, incluídos los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Parece un buen avance, aunque aquí también, hecha la ley, hecha la trampa. Los codificadores han copiado el modelo italiano de cabezas de turco, y por si fuera insuficiente, han decidido que un empleado de un banco, por ejemplo, tiene la misma responsabilidad que el presidente y los consejeros que toman las decisiones. Insólito, pero cierto.