Tan solo el 3% de las enfermedades profesionales que padecen los trabajadores, ve reconocido su origen laboral. Una situación que se traduce en una pérdida económica que sufren, tanto los mismos empleados que las padecen, como las arcas públicas, que deben hacerse cargo de prestaciones indebidas, según señala un estudio de Comisiones Obreras (CCOO) con datos relativos a la provincia de Granada y Andalucía.

Un 97% de las enfermedades profesionales pasan inadvertidas o reciben la calificación de contingencia común; una situación que provoca, solo en la provincia de Granada, una pérdida de 40 millones a las arcas públicas, y diversos perjuicios económicos a los trabajadores afectados, señalan.

No existen datos a escala nacional, pero los sindicatos vienen denunciando esta situación relacionada con quién debe hacerse cargo de las prestaciones por incapacidad temporal (IT), cuando un trabajador sufre una enfermedad. En función de su clasificación como profesional o no, la identidad del pagador varía.

El conductor de Teresa Romero

Un caso ejemplifica las dificultades para conseguir la clasificación profesional de una enfermedad . En noviembre pasado, la mutua rechazó reconocer como enfermedad profesional o accidente laboral a un conductor de la ambulancia que trasladó a Teresa Romero –la enfermera contagiada de Ébola– al hospital de Alcorcón, a pesar de que por ello, el conductor permaneció en el hospital Carlos III en aislamiento durante 21 días, según comunicó el secretario de salud laboral de CCOO de Madrid, Carmelo Plaza.

Así, la mutua decidió no catalogar lo ocurrido como accidente laboral o enfermedad profesional, y abonar los 21 días en los que no pudo trabajar como permiso retribuido, a costa de sus vacaciones.

Al eludir la clasificación, las mutuas –unas asociaciones de empresarios que gestionan las cuotas de la Seguridad Social– logran transferir a las arcas públicas los gastos derivados de las bajas por enfermedad.

Consecuencias económicas

La clasificación como laboral de una enfermedad tiene consecuencias económicas, tanto para el trabajador, como para el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el organismo que se encarga de recaudar las cuotas por contingencias profesionales y contingencias comunes que se abonan con cada nómina.

El abono de la prestación por incapacidad temporal (IT) corre a cargo de la Seguridad Social o de sus diversos organismos colaboradores, entre ellos las Mutuas, esas asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro, que se encargan de gestionar las cuotas de algunas empresas.

La incapacidad temporal puede originarse por enfermedad, o accidente, común o profesional. En el caso de enfermedad común o accidente no laboral, la prestación se genera a partir del cuarto día de baja; en un primer período, su pago corresponde al empresario (entre los días 4 y 15 de la baja), y pasa después, a la Seguridad Social (a partir del día 16).

En cambio, la enfermedad profesional o accidente laboral genera el derecho a la prestación a partir del día siguiente a la baja, y la prestación corre, en caso de existir, a cargo de las mutuas.

El importe de la prestación también varía en función de la clasificación. En enfermedad común, el trabajador recibe el equivalente al 60% de la base reguladora (el salario bruto en muchos casos) entre los días 4 y 20 de la baja, para pasar a recibir a continuación el 75%, a partir del día 21. Por otro lado, el trabajador debe abonar el 40% del precio de las medicinas que se le prescriban.

Si la enfermedad es profesional, la prestación se eleva al 75% de la base reguladora, y se genera desde el día siguiente a la baja. Además se obtienen gratis los medicamentos.

Sobrecostes millonarios

El enmascaramiento de las enfermedades profesionales solo en Granada cuesta 40 millones de euros al sistema sanitario público andaluz, con datos de 2014, asegura el informe que considera los gastos farmacéuticos, de atención primaria y especializada.

Además, su ocultación impide planificar la prevención y asistencia de estas patologías, añaden. “Es fundamental conocer el impacto real de las enfermedades de origen laboral”, enfatizan.

Otros datos palían la escasa fiabilidad de los registros oficiales. UGT cifra entre 60.000 y 90.000 el número de afectados por la inhalación de amianto, un mineral usado en la construcción y prohibido desde 2001. Sin embargo, el registro de enfermedades profesionales recoge tan solo 540 casos entre 2007 y 2012.

Según CCOO, en España fallecieron 2.932 personas por mesotelioma pleural, una enfermedad ligada al contacto con el asbesto o amianto; sin embargo, las cifras oficiales tan solo imputan 159 de las muertes a esa causa, señalan.

Enfermedades musculares y estrés

Las enfermedades musculoesqueléticas figuran en primer lugar en el listado de enfermedades profesionales que acarrean mayor coste, señala el estudio de CCOO. Le siguen los trastornos mentales tales como depresión, ansiedad o estrés, más frecuentes en las mujeres; y molestias como el dolor de cabeza y la fatiga visual, también más frecuentes en mujeres.

El sindicato, que iniciará una campaña de denuncia ante la Inspección de Trabajo en Andalucía, destaca además que se ha incrementado el número de enfermedades profesional que cursan sin baja, en línea con la tendencia iniciada en el año 2006.