La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha sancionado con un total de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de residuos, como consecuencia de una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, que se plasmó en diversas conductas.

Las empresas llevaron a cabo una práctica concertada global de reparto del mercado que integraron en su política comercial. Esta práctica se manifestó en el compromiso de respetar los clientes respectivos, tanto públicos como privados; el reparto de nuevos clientes; el intercambio de información comercialmente sensible (clientes, ofertas presentadas a éstos, etc.); el reparto de las licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas conjuntas bajo UTE (Unión Temporal de Empresas) o de la no concurrencia en una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades; la utilización de las asociaciones sectoriales para implementar el reparto de mercado o para coordinar las actuaciones de las empresas en determinados ámbitos; y las recomendaciones colectivas emitidas por estas asociaciones para persuadir a sus socios acerca del respeto de la práctica concertada de reparto de mercado en su ámbito de actuación.

Las empresas sancionadas actúan en distintos ámbitos del sector de la gestión de residuos y saneamiento urbano: la gestión de residuos industriales (tanto peligrosos como no peligrosos), la recuperación de papel y cartón, y el saneamiento urbano (que incluye la gestión de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria y saneamiento de aguas).

En el caso de la gestión de los residuos industriales, han quedado acreditadas prácticas de reparto de mercado que se ejecutaron de múltiples formas. Estas conductas desarrolladas entre 1999 y 2013 se han acreditado a través de la documentación incorporada al expediente procedente de inspecciones domiciliarias, en la que queda de manifiesto el reparto de clientes entre las entidades involucradas y los pactos de no agresión entre las empresas involucradas. Las prácticas acreditadas se desarrollan a través de los contactos bilaterales entre diversas empresas del sector, que incluyeron a los grandes operadores y sus distintas filiales.

Por lo que se refiere a la actividad de recuperación de papel y cartón, se ha acreditado la existencia de múltiples contactos bilaterales entre las empresas del sector, desarrollados en ámbitos geográficos y temporales distintos, y referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas. Las conductas acreditadas se produjeron habitualmente entre la empresa Saica Natur (o alguna de sus filiales) y distintas empresas recuperadoras de la competencia. Asimismo, ha quedado acreditado cómo los principales recuperadores de papel se presentaron conjuntamente desde el año 2000, a través de la asociación sectorial AREMA, a las licitaciones de venta papel recuperado del Ayuntamiento de Madrid, no compitiendo entre sí, lo cual supuso unos menores ingresos por la venta del papel recuperado al Ayuntamiento de Madrid en relación con otros ayuntamientos de España, como reconoce información interna de una de las sancionadas incorporada en el expediente. También se ha visto afectada por dichas prácticas anticompetitivas la licitación para la venta de papel y cartón recuperado que convocó en 2012 el Ayuntamiento de Sevilla.

Por lo que respecta a la actividad de saneamiento urbano han quedado acreditados contactos y acuerdos bilaterales entre determinadas empresas del sector, habitualmente grandes operadores en el saneamiento urbano (FCC Medio Ambiente, Cespa, Urbaser y Valoriza), para la concurrencia en licitaciones públicas y otras actuaciones en determinadas áreas territoriales (Madrid, Málaga, Ceuta, Melilla y el País Vasco). En muchos casos las estrategias eran puestas en común a través de ASELIP (asociación de la que son miembros las cinco empresas aludidas), en donde las empresas asociadas decidieron boicotear aquellas licitaciones de las Administraciones Locales que no se ajustaban a sus intereses (en la Resolución se recoge una tabla con las licitaciones que se vieron afectadas por estas prácticas).

Asimismo, se ha acreditado un acuerdo de colaboración entre FCC y Urbaser  en 2009 por el cual ambas empresas decidieron acudir conjuntamente a toda licitación pública que se convocase en el territorio nacional para el diseño, construcción y/o explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos sólidos urbanos mediante incineración.