El Partido Popular (PP) niega que Muface esté en riesgo financiero y acepta sólo problemas “puntuales” en las prestaciones que reciben algunos pacientes. La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ha rechazado, con los votos del PP, la solicitud de la oposición para una comparecencia extraordinaria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la Comisión de Hacienda para dar explicaciones sobre la situación de la mutua de funcionarios.

El portavoz de Administraciones Públicas del PP en el Congreso, Juan José Matarí, critica a la oposición: “Cómo les gusta intentar aprovecharse y utilizar en su beneficio político las situaciones en las que, con carácter excepcional, algún funcionario pueda sentirse desprotegido”. “La preocupación, angustia o desasosiego que un enfermo pueda sentir por sus prestaciones sanitarias es siempre comprensible, y por descontado que nos preocupa y nos ocupa. Lo que no es comprensible, ni razonable, ni ético es que  siempre intenten aprovecharse de estas situaciones», afirma.

Matarí niega que la mutua de los funcionarios haya recortado prestaciones o esté «en peligro», y sólo reconoce problemas puntuales con el concierto de este año, en los que el Gobierno ya está trabajando «intensamente». El concierto fija las condiciones en las que las cuatro aseguradoras (Adeslas, Asisa, DKV e Igualatorio de Cantabria) deben prestar la atención sanitaria, otorgando un plazo de seis meses para enfermedades graves y de un año para cáncer y patologías psiquiátricas para seguir utilizando los recursos que han dejado de estar concertados.

«Pero los mutualistas tienen derecho a recibir la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con todas sus especialidades y sin ningún tipo de copago o aseguramiento complementario«, subraya.

El diputado del PP también niega que se esté produciendo un «ahogo financiero» de  Muface, defendiendo que su presupuesto es «equilibrado», con 1.613 millones de euros este año (un 1,58% más que en 2014) y que las aportaciones del Estado se han incrementado en los dos últimos ejercicios, con lo que la ratio de gasto es de 890 euros por funcionario, cuando en 2011 era de 877 euros.

“Nefasta gestión”

La visión de la oposición es radicalmente distinta. La portavoz socialista de Administraciones Públicas, Susana Sumelzo, afirma que la situación de Muface es «insostenible» por culpa de la «nefasta» gestión del Gobierno, que ha provocado una pérdida de cotizaciones por la congelación de las ofertas públicas de empleo y del aumento de las jubilaciones, mientras «recortaba» también las aportaciones del Estado y obligaba a la mutua a agotar sus fondos de reserva.

“La viabilidad de la entidad está amenazada y se ha reducido dramáticamente la calidad de las prestaciones«, insiste, porque las aseguradoras han suprimido centros y médicos de sus carteras, lo que ha reducido la calidad de la asistencia y obligará a miles de funcionarios a cambiar de doctor o pagar un copago para poder mantenerlo.

Joan Coscubiela, de IU-ICV-CHA, subraya que los problemas de «franca insolvencia» de Muface se derivan de la reducción de «significativa» de aportaciones de los últimos años y del agotamiento de las reservas. «Así que los funcionarios ven reducida la cantidad y la calidad de su asistencia, y los hospitales, con todo el desparpajo y la caradura, ofrecen a los ciudadanos mantenerles las prestaciones si las pagan», critica.

La diputada de CC-NC, Ana Oramas, resalta el «disparate inhumano» que supone obligar a un enfermo a cambiar de médico a mitad de tratamiento, y la necesidad de fraguar un consenso sobre el futuro de Muface ante su actual situación de «inviabilidad».

“Que una persona con un problema grave de salud se tenga que enterar durante su asistencia de que ha perdido derechos o servicios es de una extraordinaria gravedad, por lo que significa de maltrato y de ignorancia de las obligaciones básicas del Gobierno para con los ciudadanos», aporta el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. Este diputado habla de «extinción no declarada» de Muface mediante el «vaciamiento» de su tesorería y la reducción de su presupuesto.

Emilio Olabarria, del PNV, afirma que el futuro de Muface «no es claro» ante la «manifiesta insuficiencia» financiera que ha provocado el Gobierno, que genera la situación «inhumana y aberrante» de que un ciudadano pueda ver interrumpido su tratamiento por falta de recursos, lo que supone además una «vulneración de un derecho consolidado».