El Consejo de Ministros ha aprobado este vienes el decreto de ordenación de los estudios universitarios con el que permitirá a las universidades, a partir del curso 2015-2014, crear grados de tres años en lugar de los cuatro que, actualmente, tienen la mayoría de las carreras universitarias.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que con esta regulación se adecua el espacio español de educación al espacio europeo.

El nuevo decreto modifica dos Reales Decretos (el 1393/2007 y el 99/2011), que regulan la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y las enseñanzas oficiales de doctorado.

La medida establece una horquilla que va desde los 180 a los 240 créditos ECTS, por lo que los nuevos grados podrán tener una carga lectiva situada dentro de ese margen. Aún así el decreto establece que, como mínimo, los nuevos grados deberán impartir todos los contenidos que forman parte de las competencias básicas definidas para cada uno de los itinerarios académicos.

Por otra parte, aparejada a la reforma de la regulación de los grados, el decreto modifica también la regulación de los estudios de master, ampliando los master oficiales a una carga lectiva de 120 créditos ECTS, equivalentes a dos años de estudios.

La medida mantiene la obligatoriedad de alcanzar un mínimo de 300 créditos ECTS (unos cinco años de estudios) entre grado y master para poder acceder a los estudios de doctorado, de acuerdo con la normativa del Espacio Europeo de Educación Superior.

Con esta medida, el Gobierno pretende flexibilizar la oferta académica y facilitar la convergencia de los grados españoles con los itinerarios universitarios de «la mayoría de países europeos», con el objetivo de facilitar la movilidad. A juicio del Ministerio de Educación, una mayor semejanza de la estructura de los estudios facilitará tanto que estudiantes extranjeros acudan a realizar sus estudios a España como que los españoles puedan cursar estudios en otras universidades.

La medida ha sido contestada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), profesores y estudiantes y el Consejo de Estado ha solicitado al Ejecutivo que paralice la reforma. Por el contrario, el Gobierno recuerda que es una medida voluntaria y no obligatoria para las universidades