Es el mayor cambio en el sistema universitario español desde la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), popularizado como Plan Bolonia, pese a su corte existencia, lo que ha impedido evaluar su eficacia.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha apoyado la medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la necesidad de que España se equipare a los principales sistemas universitarios de Europa, al tiempo que la reducción de un año en matrículas supondrá un ahorro para las familias por «el abaratamiento de los grados que pasen de cuatro a tres años». Sólo en tasas, el Ministerio estima que el ahorro puede ser de hasta 150 millones de euros.

El decreto deja libertad a las universidades para que opten por el modelo que prefieran. «No hay ninguna imposición», ni en la implantación de un tipo de grado u otro ni en el plazo para hacerlo, ha señalado Wert.

Los nuevos grados deberán contar, como hasta ahora, con la verificación de la  Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca).

El decreto ha generado desde su gestación con una fuerte oposición de rectores, asociaciones estudiantiles y sindicatos. Las Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que ha convocado una Asamblea extraordinaria para el próximo lunes con este punto como único del orden de día, entiende que la coexistencia de un mismo título con duraciones distintas, incluso dentro de una misma ciudad, puede generar «confusión» entre los estudiantes e importantes “disfunciones”.

Los estudiantes consideran que el cambio elevará el coste de los estudios universitarios, y que se alarga en un año la duración de los másteres. El Sindicato de Estudiantes ya ha anunciado que convocará una huelga de 48 horas, aún sin fecha, como protesta por la medida.

El Consejo de Estado, que aconsejó al Gobierno aplazar la reforma ya que el actual sistema de grados se terminó de implantar en España en 2010, por lo que las primeras generaciones se graduaron en 2014.
Entre las manifestaciones políticas en contra de la norma, destaca la de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ha pedido a los rectores de su comunidad no aplicar la medida.

La reforma

El Plan Bolonia conllevó que todas las carreras, salvo algunas como las relacionadas con Ciencias de la Salud, algunas Ingenierías y Arquitectura, es decir, las profesiones reguladas, constan de 300 créditos europeos (ECTS) cuatro años de grado (240 créditos) y uno de máster (60 créditos) que es opcional para el estudiante. Esta fórmula se conoce como 4+1, aunque no está generalizada en Europa. Hay recordar que su aprobación fue objeto de encuentros y desencuentros e, incluso, de llamativas rectificaciones.

Ahora, se permitirá a las universidades que tengan grados cuatro años (240 créditos) o de tres años (180 créditos) y de másteres de 60 créditos (un año) o 120 créditos (dos años). Esto supone la coexistencia del 4+1 y el 3+2.

Las universidades podrán comenzar a aplicar cambios a partir de septiembre de 2015 y, según el Ministerio de Educación, no habrá fecha límite de adaptación.

Sin embargo, en los campus planea el fantasma de que la nueva normativa, cree el “caos” en las universidades y el proceso de reconocimiento de los títulos, ya que podrán convivir dos tipos de grados, según su duración.