El conflicto entre Bankia y el Frob sobre quién se hace cargo de las indemnizaciones a los inversores particulares afectados por unas cuentas supuestamente erróneas en la oferta pública de venta de acciones (OPV) de la entidad fruto de la fusión de Caja Madrid y de otras seis cajas de ahorro, y que obligó a suspender sine die la presentación de los resultados de 2014 del banco nacionalizado (iba a ser el 2 de febrero), parece estar en vías de solucionarse.

Aunque las negociaciones aún no han concluido, precisan fuentes de Bankia. El problema principal es cómo plasmar este reparto de costes en un marco jurídico que no suscite dificultades ante Bruselas y ante otras instituciones, y cómo soslayar que al hacerse el Estado cargo directamente de la mayor parte del coste de la OPV se incumple el principio de minimizar el impacto para el contribuyente.

BFA obtuvo 3.090 millones de euros gracias a la OPV de Bankia, realizada en 2011 cuando todavía era un banco privado.

El Frob, en definitiva el Estado y por tanto todos los contribuyentes, pagará directamente, a través de BFA Tenedora de Acciones, el 62,463% del coste de esas indemnizaciones a los inversores particulares que adquirieron acciones de Bankia en la OPV de 2011. Ése es el porcentaje de participación de BFA en Bankia, que puede sufrir algún incremento en función de las reclamaciones por las participaciones preferentes comercializadas por algunas de las cajas fundadoras de la entidad. BFA Tenedora de Acciones es 100% del Frob, desde la nacionalización que llevó a José Ignacio Goirigolzarri al frente de Bankia.

El 37,5% restante correrá a cargo de Bankia, lo que significa que otra parte de las indemnizaciones por la OPV será pagada por el Estado, aunque de manera indirecta.

Tanto el Ministerio de Economía como el Frob han cedido en su pretensión inicial de que fuera Bankia la que corriera con la factura de las indemnizaciones de la OPV. Lo hacen porque una imposición de esa naturaleza afectaría de lleno a los resultados de la entidad y, por tanto, a su cotización en Bolsa, haciendo inviable a corto plazo nuevas colocaciones de acciones de Bankia entre inversores institucionales.

Esas colocaciones son el camino elegido para la privatización de Bankia y para devolver la mayor parte posible de las ayudas públicas recibidas para su saneamiento, y por tanto para minimizar el coste de la resurrección de la entidad para el contribuyente.

Coste asumible

Un problema añadido es que el cálculo de las indemnizaciones por la OPV de Bankia todavía no ha terminado, debido a la avalancha de demandas judiciales presentadas por los inversores particulares afectados por el supuesto engaño de las cuentas de la entidad. Si el 8 de enero el Frob calculaba en 500 millones el coste, un mes después se ha disparado hasta los 1000 millones. Y algunos bufetes de abogados que llevan casos de afectados por la OPV de Bankia, como Navas&Cusí, hablan de que se superará ampliamente esa cifra.

Bankia, que ganó 698 millones de euros hasta septiembre de 2014, habría terminado el ejercicio con un beneficio atribuido que oscila, según los cálculos de los analistas, entre los 931 millones y los 1.000 millones.

De concretarse el reparto de la factura de la OPV en los porcentajes actuales, Bankia tendría que hacerse cargo de 375 millones de euros. Aproximadamente, un tercio de los beneficios previstos para el ejercicio que acaba de terminar. Un coste asumible para la entidad, aunque posiblemente no para su cotización en Bolsa.