Ahora que esos sarracenos dispuestos a matar muriendo por su yihad o guerra santa deben sentirse ciertamente sobrecogidos por el pacto PP-PSOE que les convierte en carne de presidio a perpetuidad, se podía esperar de los voluntariosos legisladores una aproximación al pan nuestro de cada día. La reforma penal contra las células y lobos solitarios del yihadismo se discute este 10 de febrero, nada más comenzar el periodo ordinario de sesiones tras las vacaciones navideñas, mientras otros asuntos más sencillos y concretos como la ordenación de las remuneraciones de esa legión de 75.000 políticos representativos o designados que soportamos y sufragamos con nuestros impuestos, no encuentra cupo parlamentario. Les cuento.

El pequeño grupo parlamentario (5 diputados) de Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una proposición de ley con un texto articulado en el que propone una regulación sencilla de los salarios de los políticos en nueve escalones, de tal modo que ningún miembro de institución, empresa u organismo público cobre más que el jefe del Gobierno. La proposición excluye al Rey y respeta la facultad de las Cortes Generales de fijar los sueldos de los parlamentarios nacionales, a los que se exige dedicación exclusiva, conforme ordena el reglamento del Congreso y del Senado.

La exposición de motivos de la formación de Rosa Díez y Carlos Martínez Gorriarán es una pedrada a la testa de los abusones y sinvergüenzas que pueblan la clase política. “No hace falta insistir –dice– en que la política y los políticos se encuentran en la actualidad en uno de los momentos de más baja valoración desde la instauración de la democracia y ello sin duda obedece a la infinidad de casos de corrupción descubiertos, a los numerosos casos de nepotismo y amiguismo y a una falta de cultura de la transparencia que transmiten la sensación de la llamada clase política como una oligarquía privilegiada, eso que ahora llaman “élites extractivas”, que anteponen su propio lucro personal al interés general”.

Para hacerse idea de la importancia cuantitativa de la ordenación salarial, el texto abarca a los 68.462 concejales, 8.116 alcaldes, 1.040 diputados provinciales, 157 consejeros de cabildos insulares, 153 procuradores, apoderados y junteros (de las Juntas Generales Territorios Históricos del País Vasco), 13 consejeros del Consejo General Valle de Arán-Lérida, 1.101 representantes a Concejos de Navarra, 59 consejeros insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza y 71 miembros de las entidades locales menores de las Comunidades de Valencia, Extremadura y Andalucía.

A las anteriores cifras hemos de unir los 1.206 parlamentarios autonómicos, 350 diputados nacionales, 200 senadores y todas aquellas personas nombradas directamente por los cargos electos que conforman los gobiernos del Estado (Ministros, Secretarios de Estado, etcétera), las Comunidades Autónomas, las altas magistraturas y organismos estatales y autonómicos (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, organismos reguladores y supervisores, etcétera) y de la administración local, incluidas las más de 1.000 mancomunidades y los más de 3.000 organismos autónomos o entidades de naturaleza pública.

UPyD aprovecha los datos aportados por el reciente Portal de la Transparencia para destacar la irracionalidad e incomprensión del ciudadano ante las diferencias retributivas de los altos cargos. Así, el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, exdiputado, casi triplica con 210.000 euros anuales la remuneración bruta del jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, que es de 78.185 euros. Sin entrar a considerar que el presidente dispone de 300.000 euros para gastos personales relacionados con su función y representación, es lo cierto que ocupa el puesto 264 de una lista de secretarios de Estado, altos cargos, magistrados y dignatarios que por otra parte ni siquiera es exhaustiva.

Así por ejemplo en ese portal oficial no figuran las remuneraciones de otros cargos políticos que superan al jefe de Gobierno, como son los alcaldes de Barcelona (110.000 euros), Madrid (101.987 euros), Zaragoza (92.000 euros)… Incluso los sueldos de los regidores de ciudades que no son capitales de provincia como Alcalá de Henares (90.500 euros), Alcobendas (97.000 euros), Las Rozas (86.894 euros), Pozuelo de Alarcón (85.419 euros), Leganés (80.697 euros) y un largo etcétera. Directores de servicios municipales y concejales presidentes de distrito hay en Madrid con unos sueldos de 91.788 euros, superiores al inquilino de la Moncloa. Parecida cantidad perciben los portavoces de la oposición. El fenómeno se repite en las Diputaciones, donde los presidentes de la de Palencia, Vizcaya o Lleida, por citar algunos, cobran más que el jefe del Gobierno.

Una mirada a las retribuciones de los designados para ocupar los cansinos órganos constitucionales permite observar “idénticas disfunciones” en el sentido de que un vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) percibe 112.249,60 euros, su presidente 130.152,62 euros, todos los miembros del Tribunal Constitucional y consejeros del Tribunal de Cuentas –el mandato de éstos llega a ser de nueve años–, más de 110.000 euros, y los del Consejo de Estado, en el que se incluyen la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el exjefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, más de 80.000 euros, cantidades en todo caso superiores a la del presidente del Ejecutivo. La vicepresidenta percibe 75.000 euros anuales.

Esta realidad ajena a la responsabilidad pública real de los altos cargos se debe a las distintas regulaciones acumuladas a lo largo del tiempo por la clase política “pro domo sua” y requiere, según la proposición de UPyD, “una ordenación coherente y clara”. La proposición plantea nueve grupos retributivos. En el vértice de la pirámide sitúa la remuneración fija bruta del jefe del Gobierno, sin que pueda ser superada por miembro alguno de las administraciones ni los organismos públicos (sin citar al Rey y a los presidentes del Legislativo).

En el segundo escalón coloca a la vicepresidencia del Gobierno, al presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, así como al presidente del Tribunal Constitucional. En el tercero a los ministros, el vicepresidente del Constitucional, el presidente del Consejo de Estado, el del Tribunal de Cuentas, el Fiscal General del Estado y el Gobernador del Banco de España. La regulación descendente sitúa en antepenúltimo lugar (grupo 7) a los diputados provinciales, los consejeros de Cabildos, concejales de ciudades de más de 500.000 habitantes, consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España. No está mal. Pero tranquilos: no hay cupo. Y si lo hubiere y llegara al pleno, se rechazará.