Artur Mas necesita gestos de cara a la galería que le maticen la imagen de que preside el gobierno del “tijeretazo”. Claro que estas dos medidas no representan gasto alguno.

Ello ha sucedido en el pleno del Parlament de esta semana donde CiU, de la mano de ERC y puntualmente con el apoyo de otros grupos (a veces con la abstención), ha aprobado sendas mociones de cara a la galería. La primera –aprobada el miércoles con los votos favorables de CiU, ERC e ICV-EUA y la abstención del PSC y PP- crea una comisión de estudio para impulsar el nuevo modelo de financiación cuando expire –en el 2013- el sistema vigente. Era un tímido paso para la promesa electoral estrella de CiU del concierto económico.

La resolución pretende “concretar el alcance, las competencias y el objetivo de un nuevo modelo de financiación que permita recaudar, gestionar, inspeccionar y liquidar nuestros impuestos y equiparar los ingresos a los del concierto económico”. Esta iniciativa de ERC va acompañada, en palabras de Joan Puigcercós, a ”la obligación de trasparencia que tienen los poderes públicos, lo que conlleva dejar claro cuál es el flujo de recursos que los ciudadanos pagan al Estado y qué retorno tienen a través de inversiones y asignaciones directas para la cobertura de servicios” y reclamó la publicación periódica y sistemática de las balanzas fiscales (los impuestos que paga Catalunya y las contraprestaciones que recibe). El desequilibrio lo fijó en 16.000 millones, mientras el representante de CiU Jordi Turull habló de “expolio fiscal” que sufre Catalunya.

Menos etérea es la moción de Solidaritat Catalana en la que inicialmente reclamaba el reconocimiento institucional a la consulta popular para la independencia de Cataluña que se celebrará el próximo 10 de abril en la ciudad de Barcelona e instaba a la Generalitat “a que, al igual que han hecho centenares de ayuntamientos de Catalanes cediendo espacios municipales, ceda a Barcelona decideix (organizadora de la consulta) todos los edificios de propiedad o alquiler de la Generalitat en la ciudad de Barcelona para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a voto”.

La negociación con CiU rebajó el tono reivindicativo al aceptar Solidaritat rebajar su propuesta, cayendo el rechazo de la resolución del Tribunal Constitucional contra la Ley de Consultas Populares aprobada por el Parlament y dejando para mejor ocasión la petición de que el Estdo español reconociera Kosovo. Finalmente la moción aprobada reconocía “que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es un derecho irrenunciable del pueblo catalán” y “el derecho de la sociedad civil catalana a expresarse libremente a través de consultas a la ciudadanía”. CiU, ERC y Solidaritat Catalana votaron a favor e IC lo hizo en dos de los tres puntos de la moción.