«Yo del pasado no voy a hablar, pero la ‘lista Falciani’ no es nada al lado de la información que tenemos con el modelo 720 o de la que hemos obtenido con el modelo 750 (para la declaración tributaria especial)», ha afirmado Menéndez durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, donde ha detallado los resultados de la lucha contra el fraude fiscal durante el año pasado.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, ha insistido en que comprende el «interés» que la lista despierta ahora, por el «morbo» de los nombres que se han conocido, pero ha recordado que la Agencia Tributaria «conoce desde hace mucho tiempo» esos datos.

Acuerdos de intercambio de información

«Para nosotros es historia y no tiene ninguna trascendencia respecto del presente y del futuro, que es lo que nos interesa», ha insistido, subrayando que la atención de la Administración pública está centrada ahora en conseguir más acuerdos y convenios de intercambio de información con otros países, y conseguir que sea lo más automático posible.

En cualquier caso, ha reconocido que estaría «bien» que se hiciera público el listado de defraudadores tributarios «con las suficientes garantías procesales», y ha puesto como ejemplo a seguir el modelo sueco. «Creo que, efectivamente, ésa es una información que los ciudadanos tienen derecho a conocer», ha apostillado.

Segunda oportunidad para los defraudadores

En el curso del debate, el portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha defendido una vez más su solicitud para que el exinformático del HSBC Hervé Falciani comparezca en el Congreso para explicar la operativa de las entidades financieras para ayudar a sus clientes de evadir impuestos, y también ha reclamado medidas para castigar a quienes asesoran en este sentido.

En la misma línea, también el portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha preguntado al dirigente de la Agencia Tributaria si existen documentos sobre las decisiones que se tomaron en 2010, cuando las autoridades galas enviaron a España la información de contribuyentes españoles contenidas en la ‘lista Falciani’.

Y es que entonces, ha recordado, el Ejecutivo socialista decidió «ofrecer una segunda oportunidad» a esos presuntos defraudadores, una decisión que ahora está «siendo investigada por la Justicia por el posible trato de favor» que se habría dado a esos contribuyentes «en vez de abrir una investigación de oficio».

Toni Picó, de CiU, ha exigido que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dé las oportunas explicaciones políticas sobre este tema, y ha aprovechado para pedir a Menéndez que «haga cumplir la ley» y utilice «todos los instrumentos y medios legales que tiene con la máxima diligencia, contundencia y transparencia» para que estos defraudadores paguen las consecuencias de sus actos.

Esperando explicaciones

Por último, la portavoz ‘popular’ de Hacienda, Ana Madrazo, también ha hecho hincapié en este asunto, recordando que la sociedad española «todavía está esperando explicaciones de quien dio la orden en 2010» de enviar a «650 potenciales defraudadores unas amables cartas invitándoles a regularizar su situación», lo que conllevó una recaudación de apenas de 260 millones de euros, al «reducirse al mínimo las sanciones», y la exoneración de las investigaciones penales.

«Ustedes pretenden atribuir esa decisión a los funcionarios de manera torticera, porque fue una decisión política. Hay que tener muy poca vergüenza para hablar aquí de la inmoral ‘amnistía fiscal’ de 2012, que fue legislada con luz y taquígrafos y conociendo quiénes son esas personas que se acogieron a ella, cuando ustedes hicieron una amnistía fiscal encubierta. No nos den lecciones porque en sus ocho años de Gobierno no hicieron absolutamente nada para publicar los nombres de los defraudadores», ha espetado a los socialistas.

Niegan politización y filtraciones

Por otra parte, el director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, negó que el organismo esté politizado o que haga filtraciones de casos concretos a los medios de comunicación, y se ha negado a opinar sobre las investigaciones abiertas a algunos contribuyentes notorios, como el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, de las que informan los medios de comunicación.

Durante su intervención ante la Comisión de Hacienda del Congreso para informar sobre los resultados de la lucha contra el fraude fiscal el año pasado, Menéndez ha sido preguntado por todos los portavoces de la oposición acerca de las filtraciones «interesadas» a la prensa de los datos de algunos contribuyentes, así como por las «amenazas» del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, utilizando información que «ni siquiera debería tener» en virtud de su cargo.

«La Agencia Tributaria no está politizada. Ni lo está, ni yo lo permitiría, ni por el Gobierno del PP ni por el principal partido de la oposición«, ha replicado Menéndez, defendiendo que los 26.000 funcionarios a su servicio trabajan con «muchísima profesionalidad, independencia de criterio, equilibrio y seriedad» y que están «muy comprometidos con la importancia del valor social» de su función.

Son cosas de la prensa

A renglón seguido, y como ya hiciera el propio ministro Montoro, el director general de la AEAT ha achacado esta polémica a la publicación en los medios de comunicación de informaciones que no provienen del Ministerio de Hacienda ni de la Agencia Tributaria.

«Díganme qué dato, informe o antecedente de la Agencia Tributaria está en los medios, filtrada desde la AEAT o desde el Ministerio de Hacienda. Me hablan mucho de prensa y poco de datos», ha espetado a los portavoces de la oposición, señalando a otras instituciones, como los tribunales, de las filtraciones de los informes de peritaje incluidos en los sumarios.

En este punto, Menéndez ha rechazado opinar sobre «comentarios o informaciones más o menos veraces» que figuran en la prensa, y ha asegurado que si se produce una filtración desde la Agencia Tributaria «por supuesto se actúa con muchísima seriedad» desde el Servicio de Auditoría interna, que ya intervino por ejemplo en el caso de CEMEX.

Sobre este tema, también ha aprovechado para criticar que quienes le acusaron de cesar a un funcionario encargado del expediente para «condicionar» la decisión sobre la multinacional mexicana no se hayan disculpado posteriormente, cuando «se ha visto que la decisión se tomó sin condiciones».

«Con las instituciones hay que ser riguroso y serio, además de exigente», ha recordado, defendiendo que los puestos de libre designación se cambian «sin problema» y sin que suponga «un drama personal» para los funcionarios afectados, y que las decisiones que él ha tomado en este sentido responden a su «deber» de rodearse de las personas que le parecen «las más adecuadas para sacar adelante los proyectos», algo en lo que a su juicio no se ha equivocado a la luz de los datos cosechados por la Agencia desde que él está al frente.

En cualquier caso, Menéndez ha insistido durante su turno de réplica, y también posteriormente en declaraciones a los periodistas, en que él no va a hablar de «ningún contribuyente en concreto», y que la Agencia se limita a «actuar siempre allí» donde debe hacerlo, en colaboración en muchas ocasiones con la Justicia.

Estatuto consensuado

En otro orden de cosas, el director de la Agencia Tributaria (AEAT)ha reclamado la aprobación de un estatuto para la institución, aunque ha advertido de que medidas como poner en manos del Congreso la elección de su máximo responsable no garantiza la independencia.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Menéndez ha hecho referencia al compromiso del ministro Cristóbal Montoro de aprobar un nuevo estatuto para los funcionarios de la Agencia Tributaria antes de que acabe la legislatura.

«Es un asunto importante, pero debe hacerse por consenso. Lo que no sé es si en este momento todos están dispuestos a consensuar un estatuto. Pero son ustedes los que tienen que hacerlo. Háganlo, los funcionarios lo agradecerán», ha dicho a los diputados en este sentido.

Posteriormente, en declaraciones a los medios, ha recordado que el estatuto no es un «acto administrativo» que esté en manos de la Agencia Tributaria aprobar, sino que debe desarrollarse por ley, por lo que exige la toma de decisiones del Parlamento.

En cualquier caso, Menéndez también ha explicado que incluso de cumplirse la pretensión de algunos grupos parlamentarios de que el director de la Agencia Tributaria sea elegido por el Congreso no se «garantizaría la independencia, sino al revés».