El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda interpuesta por la inmobiliaria Colonial en la que reclamaba 330,91 millones de euros al exaccionista de control de esta compañía Luis Portillo.

La demanda deriva de la acción de responsabilidad social que Colonial interpuso en 2008 contra Portillo por las operaciones realizadas con acciones de la empresa entre marzo de 2007 y marzo de 2008, al considerar que fueron «imprudentes» por la «tendencia a la baja» de la acción de la empresa.

La sala tercera del Alto Tribunal ratifica de esta forma el fallo emitido por la Audiencia Provincial de Madrid, que consideró que el acuerdo aprobado por la junta de accionistas de Colonial respecto a dicha compra de acciones propias no precisaba «los administradores responsables, la conducta imputable y el daño ocasionado».

«Debe situarse en el momento en que se realizó, en este caso antes del estallido de la burbuja inmobiliaria que propició el desplome de la cotización de las propias acciones, momento en el que no era predecible la drástica pérdida del valor de las acciones de la empresa», indica el auto del Supremo.

Luis Portillo, a través de su sociedad Inmocaral, se hizo con el control de Colonial en 2006 mediante el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) valorada en 3.760 millones de euros.

Dos años después, en 2008, ante la imposibilidad de afrontar el endeudamiento, cuatro bancos extranjeros acreedores de Portillo ejecutaron su deuda, tomaron el control de Colonial y lanzaron esta acción de la responsabilidad social contra su exaccionista, que ahora rechaza el Supremo.

Estas entidades mantuvieron el control de Colonial hasta que el pasado año la compañía realizó una operación de recapitalización y reestructuración a través de una ampliación de capital. En virtud de la operación, la inmobiliaria reestructuró y recortó su deuda y se dotó de una nueva estructura accionarial liderada por el Grupo Villar Mir y el fondo soberano de Qatar.