Noticia bomba: por primera vez y sin que sirva de precedente, el PP votó a favor de una proposición no de ley de la Izquierda Plural para que las empresas que han presentado y siguen presentando expedientes de regulación de empleo, reducen plantillas y echan trabajadores a la calle no puedan trasladar su producción a las cárceles, explotando a los presos que en número de 3.090 trabajan directamente para ellas y en torno a 9.000 más lo hace indirectamente. La prohibición de esta práctica por parte del departamento de Interior, del que es ministro Jorge Fernández Díaz y secretario general de prisiones el veterano Ángel Yuste, quien ya ocupó el mismo puesto con los gobiernos de José María Aznar, ahora fundador del Instituto Atlántico para expender títulos de liderazgo a 36.000 euros el máster, no es muy transformadora –como cabía esperar de una izquierda que utiliza ese apellido–, sino más bien un asunto de decencia, y, albricias, hasta los diputados del PP que leen a Sócrates, lo han comprendido. Dicho sea de paso, el filósofo de la mayeítica era ágrafo.

Cierto es que para evitar las preguntas sonrojantes del nada mayeútico de IU Ricardo Sixto,  el asunto de la explotación de los presos con convenios de Instituciones Penitenciarias muy ventajosos para el beneficio de empresarios avispados que reducen plantillas, la votación se celebró en la Comisión de Interior, y pocos medios de comunicación le prestaron atención. Tampoco es cuestión de citar aquí a la empresa valenciana Istobal, que fabrica e instala en media Europa y en Estados Unidos trenes de lavado de vehículos. Tras echar a 80 trabajadores al paro, esa empresa apeló a los presos de Picassent para mantener la confección de escobillas, alfombrillas y otros productos relacionados con la limpieza del coche. El año pasado facturó 100 millones de euros. Sus dueños tienen muy buena relación con el presidente valenciano Carlos Fabra. Tampoco es cuestión de citar a la multinacional alemana Merak, que fabrica y ensambla los sistemas del aire acondicionado de los trenes de alta y baja velocidad y de los metros de medio mundo, pero la verdad es que después de prescindir de casi un centenar de trabajadores en su factoría de Getafe, que a la sazón inauguró el actual jefe hereditario del Estado, Felipe VI, ha trasladado su producción a los talleres de las cárceles de Ocaña I y II (Toledo) e incluso obliga a los cincuenta trabajadores que le quedan a acudir a esos centros de trabajo con los 200 reclusos que trabajan para ella.

Hay otros muchos casos de empresas que han apelado al mismo procedimiento, pero ya digo que no es cuestión de citarlas en esta mera crónica parlamentaria. El triunfo de la izquierda transformadora en vías de extinción habría sido total si los de CiU hubiesen votado a favor. Pero CiU gobierna en Cataluña y tiene las competencias sobre las prisiones y, como dijo su portavoz Feliu Joan Guillaumes, un tipo de mucho peso, “nada es blanco ni negro y si se puede ayudar a salir del bache a algunas empresas, tanto mejor”. Por eso se abstuvieron, lo cual indica que la decencia va por competencias y puede desmentir el principio de Arquímedes de modo que toda competencia sumergida en el líquido autonómico no experimenta un empuje hacia arriba sino hacia abajo.

A estas alturas ya habrá intuido el paciente lector que hablamos del empleo. El socialista Pedro Sánchez le preguntó al conservador Mariano Rajoy por la desigualdad salarial, de contratación y de pensiones entre hombres y mujeres, y éste, obviando el dato de que España encabeza el ranking de crecimiento de esa desigualdad y haciendo abstracción de que hace treinta años teorizó sobre “la envidia igualitaria”, le respondió que de los 400.000 empleos creados el año pasado, 192.000 fueron ocupados por mujeres. Y añadió que este año se crearán 600.000 empleos más, con lo que su legislatura terminará con un millón de empleos creados. Cifra redonda, excelente noticia. Además Rajoy anunció: “Vamos a aprobar el plan de igualdad entre hombres y mujeres en fechas próximas”.

La propina informativa del jefe del Gobierno a Sánchez quizá se debió a que el del PSOE no fue tan incisivo como Rosa Díez sobre la pobreza salarial. La de UpyD le preguntó a Rajoy cómo puede dormir tranquilo con 4 millones de españoles sin calefación, el 51% de los parados sin ayuda, 1,8 millones de hogares en los que no entra ningún salario. Pero Rajoy no desveló la marca de los somníferos. Minutos después fue corregido a la baja por su ministro y candidato a presidir el Eurogrupo, Luis de Guindos, quien chafó “el millón de empleos” diciendo que este año se crearán 500.000 empleos. Lo dijo en respuesta al socialista andaluz Miguel Ángel Heredia, quien le preguntó si podría vivir con 648 euros al mes (el salario mínimo interprofesional). Pues eso es lo que cobran en España uno de cada tres trabajadores, añadió Heredia. Y los presos que trabajan en los 148 talleres de Instituciones Penitenciarias y facturan 159 millones de euros (dato de la memoria de 2013) y ahorran costes laborales (Seguridad Social a cargo de Prisiones, agua, luz, vestuario y otros) a las empresas y además aportan un beneficio de 5 millones de euros (dato de 2012), todavía cobran menos (unos 300 euros al mes) y además tienen el módulo congelado desde hace 4 años.

Pero eso no lo dijo Heredia sino su compañero Víctor Morlán. Y los presos encantados de poder trabajar y redimir pena y añadir años de cotización a la Seguridad Social para cuando se jubilen y que un diputado, aunque sea socialista, pida que les suban el sueldo. En los pasillos ya se pueden imaginar que el tema de conversación era la imputación de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán por los EREs fraudulentos. El juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, el mismo que acabó con la carera de Baltasar Garzón por sus procedimientos nom sanctos en la investigación de la trama Gurtel, les ha citado a declarar en abril, después de las elecciones andaluzas del 22 de marzo. ¿Les defenderá Susana Díaz? ¿Les defenderá Pedro Sánchez? ¿Mejorarán los salarios penitenciarios cuando los incontables “casos aislados” de abuso de lo publico alcancen su desenlace? Las preguntas se acumulan. Les defiende el abogado José María Mohedano, pero los dirigentes no les olvidan.