El problema se centra en las discrepancias entre Abertis, que opera la autopista a través de su filial de concesiones Acesa, en la aplicación de la fórmula que aseguraba a la concesionaria unos ingresos por tráfico en la citada autopista de peaje que ahora el ministerio no quiere asumir.

El conflicto proviene del año 2011, cuando comenzaron las diferencias de criterio con el Gobierno. Desde ese año, Abertis y la Administración han intercambiado opiniones sobre la interpretación de la legislación sobre la relación contractual que han continuado en 2014 cuando un nuevo dictamen del Consejo de Estado afirmó que Fomento no puede asumir el riesgo de tráfico de una concesión.

Del posible agujero que se crea por este conflicto, que parece que estalla ahora pero que se inició hace cuatro años, advierte Deloitte, el auditor de Abertis. La firma, si bien considera limpias las cuentas de la compañía catalana de 2014, señala sus dudas sobre la capacidad del grupo para cobrar la cuenta de compensación.

Esta cuenta fue acordada por ambas partes y en ella se reconocía inversiones realizadas por Abertis y la posibles diferencias entre el tráfico previsto en los pliegos y el real. Esta compensación, que incluye que la liquidación se haga  al final de la concesión en 2021, se eleva a 1.670 millones de euros, si bien la cifra en litigio, y que el ministerio no reconoce, es de 982 millones de euros y se basa en diferencias sobre la partida de tráfico. Fomento encargó al Consejo de Estado un dictamen que permite cambiar el sistema, lo que se ha traducido en las dudas sobre el pago de 982 millones de euros.