El sindicato CCOO ha acusado al Gobierno de incumplir la reducción de peonadas necesarias para acceder al subsidio o renta agraria en Andalucía y Extremadura. El pasado 22 de diciembre el Ejecutivo se comprometió a bajar de 35 a 20 el número de jornadas exigibles para el cobro de las ayudas. El sindicato denuncia además la existencia de 230.000 eventuales sin derecho a prestación a pesar de cotizar por ellas.

CCOO criticó hoy viernes la “demora injustificable” del Ejecutivo a la hora de aprobar la norma legal que flexibiliza el cobro de las ayudas, a pesar del anuncio de la reducción del número de jornadas necesarias para acceder al subsidio agrario y renta agraria en las comunidades de Andalucía y Extremadura.

El pasado 22 de diciembre el Gobierno anunció la reducción de peonadas por espacio de seis meses, comprometiéndose además a revisar con posterioridad la situación particular en las provincias de Jaén y Córdoba, las más afectadas por la mala cosecha de la aceituna, el cultivo que proporciona más jornales en el campo andaluz.

Solo en Andalucia hay 500.000 trabajadores eventuales agrarios, aunque apenas unos 130.000 (el 23%) cobran estos subsidios.

230.000 cotizantes sin prestación

CCOO ha denunciado además que hay 230.303 trabajadores eventuales sin derecho a prestación por desempleo a pesar de cotizar por ello. Se trata de los trabajadores eventuales agrarios enmarcados dentro del régimen especial agrario REASS y que viven fuera de Andalucía y Extremadura.

El sindicato culpa al Gobierno de “incumplir” la promesa de integrar a los trabajadores de este régimen especial en el régimen general de la Seguridad Social. Una circunstancia que ha provocado su “discriminación” respecto a los trabajadores enmarcado en el régimen general, ya que no tienen derecho a prestación por desempleo, pese a que cotizan por ello y se les descuenta de la nómina, reiteran.

Movilizaciones

La federación agraria de CCOO, Feagra, ha advertido además al Gobierno de que continuará con la campaña de movilizaciones iniciada el pasado 25 de enero en Murcia, y ha instado al Ejecutivo a perseguir el fraude en el empleo agrario de manera “decidida” a través de un plan integral de lucha contra el fraude y la economía sumergida con la implicación del ministerio de Agricultura, además de Empleo.

CCOO reclama además la actuación de la Guardia Civil en materia de inspección, el cruce de información entre Administraciones (datos sobre producción y cotizaciones declaradas a la Seguridad Social), una mayor vigilancia sobre las empresas de trabajo temporal (ETT) y empresas de servicios.

Demandan además modificaciones legales en el régimen especial agrario, y que los trabajadores reciban en el momento la comunicación de altas y bajas, al igual que sucede en el régimen general; así como un mayor control del encuadramiento correcto de los trabajadores en el régimen de la Seguridad Social que les corresponde.

CCOO insta al Gobierno a aprobar la normativa legal que posibilite la reducción del número de peonadas necesarias para el cobro de las ayudas, y denuncia que algunos empresarios “desaprensivos” están aprovechando la situación de “ambigüedad” para incidir en prácticas fraudulentas, como el incumplimiento de los convenios colectivos y de las normas de cotización, la infradeclaración de jornadas y la vulneración del las normas relativas a prevención.