Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia entre junio de 2011 y mayo de 2012, y uno de los pocos directivos y consejeros que nunca utilizó las tarjetas ‘black’, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que mantuvo una conversación con Rodrigo Rato, presidente de la entidad y quien le había fichado para culminar el proceso de salida a Bolsa, cuando éste le entregó el polémico medio de pago.

Interrogado por el fiscal Alejandro Luzón, Verdú manifiesta que explicó a Rato que él ya tenía una tarjeta para gastos de representación, por lo que no iba a utilizar la ‘black’. Y avisó a su presidente que consideraba que era “una mala práctica bancaria”.

La entrega de la tarjeta se produjo tras una conversación en la que hablaron de la rebaja del sueldo de los directivos de las entidades nacionalizadas, impuestas por el Gobierno. Verdú había pactado un salario de 1,2 millones más retribución variable y se quedó en 600.000 euros como máximo. En el caso de Rato la reducción de ingresos sufrida fue similar.

Verdú aclara que ni siquiera abrió el sobre donde estaba el número PIN y el contrato de la tarjeta. Y afirma que en los 30 años que llevaba trabajando en la banca “nunca había visto nada parecido”. El directivo trabajó en el Banco de Vizcaya, BBV, Argentaria y Banca March, y en todas estas entidades tenía una tarjeta de empresa para los gastos de representación, que se cobraban previa presentación de las facturas. Además, para sus gastos personales tenía su propia tarjeta, que es la que ha usado.

Tampoco utilizaron las tarjetas ‘opacas’, aunque se las entregaron, el directivo de Bankia Íñigo María Aldaz y el entonces presidente de Caja Madrid Seguros Esteban Tejera, ahora vicepresidente primero de Mapfre.

Terceiro explica la situación de las tarjetas en su etapa de Caja Madrid

Jaime Terceiro, antecesor de Miguel Blesa en la presidencia de Caja Madrid, declaró como testigo antes que Verdú. Afirmó que durante su presidencia (entre los años 1988 y 1996) las tarjetas estaban dentro del circuito legal, con un gasto de entre 150 euros y 300 euros al mes y que era necesario presentar justificantes de los gastos. Las tarjetas que entregaba la entidad a sus consejeros y directivos tributaban a Hacienda, estaban sujetas a contrato y debían usarse para gastos de representación.