El Gobierno ha culminado, a toda prisa, la adaptación a Solvencia II del seguro. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y ahora será remitida a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Los cálculos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones es que la Ley, y su Reglamento, estén listos en abril, por lo que las entidades tendrán 8 meses para completar su adaptación a Solvencia II.

El sector asegurador, a través de la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, había insistido en que la Ley de Solvencia estuviera aprobada a finales de marzo, para dar tiempo a su asimilación.

El Gobierno subraya que la trasposición de la Directiva de Solvencia II “supone un impulso al mercado interior del sector asegurador” y que “se favorece la competencia y eficacia de estas entidades, lo que redundará en beneficio del usuario”. También se mejora el gobierno corporativo de las aseguradoras, se unifican los sistemas de información de las entidades aseguradoras al supervisor y se incrementa la transparencia de su situación financiera y de solvencia.

Además, se refuerza el papel de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a la que se le atribuye la capacidad de dictar guías técnicas (criterios, prácticas o procedimientos que considera adecuados para cumplir la normativa de supervisión) y resoluciones.

Economía ha aprovechado este proyecto de Ley para introducir normas que no se derivan directamente de la Directiva de Solvencia II. Así se simplifican las cargas administrativas del mercado de intermediación de seguros y se establece la posibilidad de llevar a cabo la supervisión de prácticas de comercialización de las entidades aseguradoras por parte de los funcionarios de la Dirección General de Seguros, sin necesidad de que se identifiquen previamente, el denominado ‘mistery shopping´, que ya está implantado en la banca y en el mercado de valores.

El Reglamento, clave

Tras la aprobación del proyecto de Ley por el Consejo de Ministros, el mensaje que envía la Dirección General de Seguros al sector es claro. La tramitación parlamentaria se quiere lo más corta posible, aunque Unespa ya se ha movilizado para que los partidos planteen algunas enmiendas favorables a los intereses y a las necesidades del sector asegurador.

«Para Unespa, como representante del sector asegurador, es fundamental que este proyecto de ley se tramite a la mayor brevedad para cumplir los plazos que establece la Directiva Solvencia II. Este régimen tiene como fecha de transposición el 31 de marzo de 2015», argumenta Pilar González de Frutos, presidenta de la asociación empresarial del seguro.

«Las entidades aseguradoras españolas necesitan que la nueva ley de supervisión sea aprobada para pedir las autorizaciones que prevé la Directiva en cuestiones fundamentales como son los modelos internos, los ajustes por casamiento de inversiones o los fondos propios. Sin la autorización pertinente no podrían utilizarse estos elementos el 1 de enero de 2016, fecha en que entra en vigor la Directiva», insiste la presidenta de Unespa.

La intención de Flavia Rodríguez-Ponga y de su equipo es dejar para el Reglamento, que no requiere tramitación parlamentaria, todas las cuestiones que no tengan que ir necesariamente en la Ley. El objetivo es facilitar lo más posible la adaptación de las entidades a Solvencia II, que entra en vigor el 1 de enero de 2016.

Además de la norma que ultima Seguros, otras muchas cuestiones relacionadas con Solvencia II estarán regulados por reglamentos de la Unión Europea, que son de aplicación directa.