Así, la Cámara Baja hace suyos los datos macroeconómicos avanzados por Rajoy y también el reconocimiento expreso de que las medidas del Ejecutivo están funcionando, a pesar de que sólo los ‘populares’ han votado a favor de esta propuesta mientras que toda la oposición ha rechazado la petición de mantener el rumbo que se ha seguido hasta ahora para consolidar la recuperación.

Además, han salido adelante todos los textos con los anuncios económicos del presidente: la bonificación del 100% en la cotización por contingencias comunes de los autónomos durante un año cuando tengan que reducir su jornada para cuidar a un menor o a un mayor dependiente, siempre que contraten un sustituto; y que los primeros 500 euros de salario de los nuevos contratos indefinidos que supongan creación neta de empleo no coticen, sin afectar a las futuras prestaciones de los trabajadores.

Segunda oportunidad

El Congreso también pide con estas resoluciones al Gobierno que aproveche las «nuevas oportunidades» que ofrece la recuperación para articular un mecanismo con el que pymes, autónomos y familias sobreendeudados puedan «superar las consecuencias de sus proyectos fallidos y afrontar el futuro sin la losa de las deudas que no son capaces de asumir».

En concreto, se reclama una mejora de los acuerdos extrajudiciales de pagos, de modo que se pueda reestructurar la deuda sin ir al concurso; pero que en todo caso ésa sea una opción a disposición de las personas naturales, que deberían quedar liberadas de sus deudas tras ejecutar las garantías y bienes, con un plazo de prescripción de la reclamación de las deudas inferior al actual, de quince años.

Junto con la recomendación del PP -que no ha convencido a los principales grupos de la oposición, que se han abstenido o incluso han votado en contra en el caso de los socialistas-, el Pleno de la Cámara Baja también ha dado luz verde a una propuesta pactada con CiU, que ésta sí ha conseguido el apoyo de la Izquierda Plural, UPyD, CiU y el PNV y la abstención del PSOE.

Dicho texto se limita, no obstante, a instar al Gobierno a impulsar una ley de Segunda Oportunidad para que familias y autónomos puedan reestructurar sus deudas mediante procesos de mediación y un concurso de acreedores específico, para que no acaben convirtiéndose en deudores de por vida.

Igualmente, y tal y como anunció Rajoy, el Congreso he solicitado una reforma del Código de Buenas Prácticas bancarias para que llegue a más familias y para que todas las entidades financieras dejen de aplicar las cláusulas suelo a los titulares de hipotecas que cumplan ciertas condiciones.

Luchar contra el fraude

En relación con la lucha contra el fraude, la Cámara Baja insta al Ejecutivo a crear una unidad especial de lucha contra el fraude dentro de la Inspección de Trabajo para controlar los cursos de formación, con capacidad incluso de sancionar cualquier irregularidad en este ámbito. Igualmente, se plantea la necesidad de reforzar las multas por este tipo de comportamientos.

Igualmente, reclama reformar la Ley de la Inspección de Trabajo para reforzar los instrumentos de lucha contra el fraude y dotarles de mayor autonomía, en coordinación con comunidades autónomas, Fuerzas de Seguridad, Fiscalía General y tribunales de Justicia.

Además, se ha reclamado una reforma «sistemática» de todo el sistema de formación para el empleo para garantizar la calidad en los contenidos, la concurrencia competitiva, la eficiencia en la gestión y la eficacia en los resultados, con un reparto «eficiente» de responsabilidades entre las administraciones públicas y un mecanismo «permanente» de evaluación de los resultados; y la puesta en marcha de nuevas fórmulas para favorecer el acceso a la formación para el empleo, como la cuenta-formación o el cheque-formación; y que se impulse la teleformación.

Para luchar contra el fraude fiscal, el Congreso ha dado luz verde a una propuesta ‘popular’ para modificar la Ley General Tributaria de modo que se puedan publicitar los «incumplimientos relevantes» de obligaciones fiscales y se puedan regular las sanciones en caso de «conflicto abusivo» en la aplicación de la norma tributaria, e intensificar los acuerdos de intercambio de información con otros países.

En este sentido, se reclama incluso al Ejecutivo que «sistematice y armonice las bonificaciones y las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, así como el conjunto de incentivos al autoempleo» y que ponga en marcha un Plan Especial para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Ámbito Laboral y contra la Discriminación Salarial.

También se pide al Ministerio de Economía que se siga trabajando en la diversificación y mejora de la financiación empresarial, que el sector público contribuya a un sistema «más racional» de fijación de precios con la Ley de Desindexación, avanzar en la unidad de mercado -salvo en el sector turístico, a petición de CiU- y continuar potenciando la internacionalización empresarial y el comercio exterior, defendiendo los intereses de las empresas españolas en todos los mercados de destino.

Otros asuntos

En cuanto a los distintos ámbitos sectoriales, el Congreso pide al Gobierno que siga avanzando en la modernización de la red de carreteras y de la alta velocidad, finalizando obras ya iniciadas; que reestructure Renfe Mercancías, que haga efectiva la implantación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria a partir del 1 de abril y que mejore la competitividad de los Puertos, reduciendo sus costes y potenciando la colaboración público-privada, entre otras propuestas.

Además, reclama más interconexiones energéticas de la Península con el resto del continente, aprovechando para ello los fondos del Plan Juncker; hacer «compatible» el desarrollo de las renovables con un precio «competitivo» de la energía, impulsar las medidas de la Agenda para la Reindustrialización con mayor capacidad de empleo y avanzar en la Administración electrónica, la reducción de cargas administrativas y la eliminación de duplicidades.

En este sentido, se pide que las leyes de Procedimiento Administrativo y de Régimen Jurídico del Sector Público se aprueben cuanto antes y que este año empiecen a celebrarse subastas electrónicas tanto judiciales como notariales y administrativas, incorporando a más administraciones a la Plataforma de Intermediación de Datos.

Finalmente, a propuesta de CiU, la Cámara Baja reclama impulsar las políticas de reindustrialización, abaratar y mejorar el acceso de las pymes y los autónomos al crédito, reforzar las inversiones públicas en I+D+i, trabajar en una política energética eficiente y sostenible a la par que se reduce el déficit tarifario, favorecer la rehabilitación industrial y de viviendas, avanzar en la implantación del Plan Integral de Turismo y aplicar cuanto antes las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC).

Medidas sobre la familia

El pleno del Congreso también ha ratificadotambién con los votos del PP la propuesta de resolución de partido del Gobierno por que se urge al Ejecutivo a aprobar el Plan de Apoyo a la Familia 2015-2017, articulando una política «integrada, transversal, y de coherente apoyo a la familia», como «uno de los ejes de la acción política».

Con este plan los ‘populares’ quieren que se amplíen las ayudas fiscales y se extendiendan los «cheques familiares» de 1.200 euros al año a las familias monoparentales con dos hijos.

Para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y profesional, el PP quiere que se bonifique, durante un año, el 100% de la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes de los trabajadores autónomos que necesiten reducir su jornada por cuidado de hijos menores de 7 años o de personas mayores en situación de dependencia reconocida.

Además, propone la aprobación de un plan especial para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación laboral, además de aprobar un plan de promoción de las mujeres rurales.

Educación

Asimismo, y en otra propuesta de resolución ‘popular’, se plantea continuar implantando y desarrollando las reformas «necesarias» para la reducción del abandono escolar y mejorar la calidad educativa, además de potenciar la Formación Profesional, y en concreto la FP dual, en colaboración con las comunidades autónomas.

El PP destaca también que hay que seguir internacionalizando las universidades españolas y el desarrollo de un sistema adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior y dirigido a favorecer l a mejor formación posible.

En otra propuesta de resolución insta al Ejecutivo a continuar fomentando todas aquellas medidas necesarias para proteger a las víctimas, tanto en la implementación del Estatuto de la Víctima, como en la reforma del Código Penal y en todas aquellas modificaciones legislativas que el Gobierno ponga en marcha y de forma especial en lo referido a las víctimas de violencia de género.

Apoyar a las personas mayores

En otra propuesta de resolución, que también ha sido convalidada, el PP ha planteado al Gobierno que impulse un marco de actuación para las personas mayores para fomentar el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional, haciendo especial hincapié en la promoción de la salud, la prevención de la dependencia y el fomento de la vida independiente.

Asimismo, quiere su participación en la sociedad para evitar su aislamiento, la prolongación voluntaria de la vida activa, en base a la experiencia laboral y del periodo previo a la jubilación.

Por otro lado, propone el desarrollo de la Ley de protección a la infancia, que fue aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros. Además, ve necesario reforzar el papel del Tercer Sector de Acción Social, pues su labor «permite reforzar el apoyo de muchas familias» que atraviesan situaciones difíciles, y se impulse la Ley del voluntariado.