La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que el Gobierno debe mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones para fomentar el ahorro de los españoles y complementar la jubilación pública. El Informe del Defensor del Pueblo 2014 recuerda que esa recomendación ya la hizo en 2013. El Gobierno sí hizo caso en la propuesta de reducción de las comisiones máximas de los planes de pensiones, pero «no ha estimado oportuno» aceptar esa mejora fiscal.

Becerril resalta que el informe sobre previsión social complementaria, elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, recogían la mayor parte de las propuestas del Defensor del Pueblo sobre los planes de pensiones, como la reducción de las comisiones, mejor fiscalidad, mayor liquidez, información y transparencia, y la necesidad de reforzar la educación financiera de los españoles.

El informe del Defensor del Pueblo explica que, cuando se efectúan las aportaciones al plan de pensiones, el tratamiento fiscal es atractivo para el contribuyente pues implica una reducción directa de la base imponible, pero que en el momento del rescate, los rendimientos generados tributan al tipo de los rendimientos de trabajo.

Claridad en los seguros

La Defensora del Pueblo también pide mayor claridad en los contratos de seguros vinculados a las hipotecas para que los titulares no tengan problemas, y recuerda que según la normativa europea, no se permiten las ventas vinculadas.

El informe de 2014 también se refiere a los seguros de Decesos, los que cubren todos los gastos relacionados con el fallecimiento y el entierro de los particulares, y recomienda que el proyecto de reforma de la Ley de Contrato de Seguro incluya un sistema para el cálculo y actualización de las primas de esos seguros.

Soledad Becerril argumenta que en España es tradicional que los padres incluyan a sus hijos en esos seguros, por lo que no es raro que los asegurados paguen durante muchos años, generando a estas empresas unos ingresos muy superiores al valor del servicio que finalmente se les presta, que ronda los 3.000 euros.

De esta forma se evitaría «el posible lucro excesivo de las compañías aseguradoras», ya que «cuanto más alto es el riesgo a cubrir, más tiempo llevan pagando los asegurados la cobertura y mayor negocio han producido a la compañía». «El efecto debería ser inverso al tiempo transcurrido desde la contratación de la prima, puesto que la posible contingencia ha sido amortizada y las compañías han ingresado mucho más que el coste de los servicios funerarios”, concluye la Defensora del Pueblo.