Marejada en la patronal. Los empresarios se han rebelado este miércoles definitivamente contra el Gobierno y, en concreto, contra su pretensión de reformar el sistema de cursos de formación ocupacional. Con un importe anual de 1.800 millones, el Ejecutivo pretende retirar a empresarios y sindicatos de la gestión e impartición de los cursos. “Hasta aquí podíamos llegar”, ha replicado hoy Juan Rosell, quien ha negado de paso cualquier vinculación entre la formación y otro asunto como es el acuerdo salarial con los sindicatos, que, a pesar de negociarse desde hace meses, “tampoco corre tanta prisa”, ha dicho hoy sorprendentemente el líder patronal.

Rosell ha negado que los empresarios estén retrasando la firma del acuerdo con los sindicatos como forma de presión al Gobierno contra el decreto de formación, como se especula. “El Gobierno no deber mandar tanto en este asunto. Hasta aquí hemos llegado”, ha criticado, tras una reunión con la cúpula de la confederación empresarial.

El jefe de CEOE ha aseverado que la negociación con los sindicatos podría dilatarse aún más. “No tenemos pendiente ninguna negociación sectorial importante. Tampoco tenemos tanta prisa”, ha recalcado Rosell, que ha comparecido ante los medios junto a Antonio Garamendi, presidente de Cepyme y gran rival en las últimas elecciones a la presidencia en la patronal.

Ni cláusulas, ni ultraactividad

Rosell ha lanzado una nueva oferta a los sindicatos en materia salarial. La patronal está dispuesta a subir salarios hasta el 0,9% o “algo más” en 2015; y hasta el 1,3% en 2016, según ha dicho el líder patronal.

Tras conocer la oferta de Rosell, el líder de CCOO, Ignacio F. Toxo, se ha apresurado a rechazar un alza por debajo del 1%.

Sin embargo, según Rosell, el acuerdo con los sindicatos “esta cerca”, si bien ha admitido la posibilidad de que finalmente la negociación se cierre sin acuerdo. El líder patronal ha rechazado las cláusulas de revisión salarial propuestas por los sindicatos. Estas cláusulas, generalmente ligadas al IPC, se utilizan como vía para amarrar el poder adquisitivo de los trabajadores, y se activan cuando los precios de consumo superan determinado nivel, a fin de evitar la erosión de la inflación sobre los salarios.

Rosell ha despreciado estas cláusulas, que son “cosa del pasado”, ha llegado a decir, e incluso, en un alarde de sinceridad, ha confesado que solo negociará unas cláusulas de muy difícil activación.

Tampoco se ha mostrado a favor de pactar una prórroga automática de los convenios, que enmiende la reforma laboral. En este sentido, Rosell ha rechazado la propuesta del líder de UGT, Cándido Méndez, que ayer martes ofreció ceder en salarios si los empresarios accedían a recuperar la ultraactividad, o prórroga automática de los convenios, que fue derogada por la reforma laboral de 2012. Rosell ha descartado esta vía, y ha dicho que este es un asunto que se está abordando en los sectores.

Advertencia al Gobierno en formación

Tanto Rosell como Garamendi han negado tajantemente que los empresarios estén retrasando el acuerdo salarial como forma de presionar al Gobierno a fin de evitar que el Ejecutivo apruebe una reforma del sistema de formación ocupacional que deje a los empresarios fuera de la gestión del subsistema.

Dicho esto, Rosell ha cargado contra el Ejecutivo y su pretensión de reformar este sistema que se financia con los 1.800 millones que anualmente se recauda con el 0,7% cargado en las nóminas. Rosell ha dicho en primer lugar que la reforma en marcha del Ejecutivo. “Tenemos serias dudas de que haya funcionado”, ha dicho.

En segundo lugar, el líder de CEOE ha admitido la necesidad de diseñar un nuevo sistema, ya que el sistema antiguo “no ha funcionado”, pero ha rechazado una reforma “que venga de la estratosfera”, como ha tildado la pretensión del Gobierno de arrogarse la evaluación de la eficacia de los cursos.

Para Rosell las empresas son quienes pagan los cursos y son quienes deben evaluar la eficacia de los mismos. Y no el Gobierno, cuyo injerencia en este asunto Rosell ha tachado de “incomprensible”.

Por su parte, Garamendi ha detallado la necesidad de evaluar los cursos en función de tres parámetros: productividad, empleabilidad y competitividad. “Son datos que a nosotros no nos trasladan”, ha criticado el presidente de Cepyme.

“El antiguo sistema no funcionaba. Pero que la Administración no nos diga qué formación necesitamos. Hasta aquí hemos llegado”, ha insistido Rosell, quien sin embargo ha desmentido que los empresarios se estén planteando dejar de pagar el 0,6% de la formación en cada nómina, si el Ejecutivo aprueba la reforma por decreto ley el próximo viernes, como parece.

“A todos nos interesa hacerlo rápido. Pero sobre todo hacerlo bien”, ha insistido Rosell.

Alternativa al plan de Báñez

Los empresarios han enviado un documento con sus propuestas al Gobierno, después de recibir un borrador de decreto ley que ha criticado con dureza. “Es manifiestamente mejorable”, ha dicho.

Rosell ni siquiera parece dispuesto a que los empresarios se retiren de la impartición de cursos. En este sentido, ha dicho, el nuevo borrador pone incluso en riesgo los cursos que 3.500 grandes empresas se organizan a medida, en caso de no recibir la homologación que dependerá del criterio del Gobierno. Estas empresas emplean al 37% de los trabajadores, ha recalcado el líder patronal.

“El Gobierno no sabe de formación. Las empresas, que son las que pagan, sí saben de formación”, ha recalcado Rosell, quien ha advertido que el gran riesgo es que las pequeñas y medianas empresas queden fuera de los cursos. Algo que los empresarios no permitirán, ha recalcado el líder patronal en su desafío al Gobierno.