El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha instado a Reyal Urbis a subsanar defectos y a aportar documentación adicional a la propuesta de convenio de acreedores que presentó el pasado 13 de febrero con el fin de superar el concurso y evitar la liquidación.

De esta forma, el juez «deja en el aire» el plazo con que contaban los acreedores de la inmobiliaria que controla y preside Rafael Santamaría para decidir su adhesión al convenio y que concluía el próximo viernes, 13 de marzo.

En concreto, el juez ha dado a Reyal Urbis un plazo de quince días para «aportar determinada documentación adicional al convenio y realizar subsanaciones al contenido del mismo», según indicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Reyal presentó ante este Juzgado Mercantil el pasado 13 de febrero una propuesta de acreedores con el fin de evitar su liquidación, emerger del concurso de acreedores en que se encuentra inmersa desde hace dos años y afrontar la deuda de 3.978 millones que soporta.

En su propuesta, la inmobiliaria contempla alcanzar un acuerdo unilateral con Hacienda y realizar una dación en pago de activos inmobiliarios a los bancos con una quita del 80%, según informaron entonces a Europa Press en fuentes del proceso concursal.

La compañía plantea afrontar así la deuda de algo más de 400 millones de euros que tiene con Hacienda de forma distinta respecto a la de unos 2.900 millones que soporta con los bancos.

En el caso del fisco, la inmobiliaria planteará un plan de pago de ese pasivo en efectivo y a largo plazo. En cuanto a las entidades financieras, afrontará la deuda mediante la entrega de lotes de activos por sorteo.

No obstante, la actual valoración de dichos activos de Reyal arroja una quita de alrededor del 80% respecto al pasivo que la compañía soporta frente a la mayor parte de las entidades.

Acreedores

Sareb, Santander y el ICO figuran como principales acreedores de la inmobiliaria, con deudas de 600 millones, 480 millones y 220 millones de euros, respectivamente, de entre las más de veinte entidades financieras acreedoras de la compañía, ocho de ellas extranjeras.

En virtud de lo propuesto, el convenio de acreedores y el plan de viabilidad diseñado por la compañía contemplan que, en caso de que este plan se acepte y supere el concurso, la Reyal Urbis que surja del proceso será una inmobiliaria de un menor tamaño, que se quedará con un pequeño lote de activos y una deuda «asumible».

Reyal Urbis se declaró en concurso en marzo de 2013 tras no poder entonces alcanzar un acuerdo con sus bancos para la que hubiera sido su cuarta refinanciación de deuda. Se trata de uno de los mayores concursos de acreedores declarados desde el inicio de la crisis, junto con los de Nozar, Habitat, Llanera o Martinsa Fadesa, esta última actualmente en liquidación.