La cosa se está poniendo tan mal que según algunas fuentes próximas a la negociación, aunque el departamento de Ana Pastor está intentando a la desesperada cerrar algo parecido a un acuerdo antes del verano, todo parece indicar que será muy difícil encontrar una solución antes de que acabe la actual legislatura.

El convenio propuesto por Fomento en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, que tramita el concurso de acreedores de la AP-36 (Ocaña-La Roda), ha sido rechazado dejando aparcada la propuesta de rescate presentada desde el Gobierno como convenio de acreedores.

Hablan los jueces

Este plan incluía una quita del 50% de la deuda y la emisión de un bono a 30 años para el pago del resto, pero estaba creando fuertes discrepancias con la banca extranjera, que se oponía al mismo. En su fallo, el juez dice que el convenio no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y que tampoco ha sido aceptado por los representantes de los trabajadores de las concesionarias.

En paralelo a esto, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado del proceso concursal de otras dos autopistas en concurso, en este caso las radiales R-3 y R-5, también ha detectado defectos en el plan de rescate presentado por el departamento de Ana Pastor como convenio de acreedores, sólo que en este caso su posición ha sido más benigna que la del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid y ha dado al Ministerio un plazo de un mes para que subsane los defectos que ha encontrado a su propuesta.

Hacienda y Bruselas

Además, a todo esto se une la postura crítica de Hacienda y de las autoridades de Bruselas, que veladamente han dicho que sólo aceptarían la operación si no provoca déficit público, lo que se antoja casi imposible.

La posición de la Comisión Europea, con dudas sobre si este rescate era una ayuda de Estado encubierta, ha hecho mucho daño a lo largo de todo el proceso negociador. La falta de arrojo con el asunto del anterior comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, levanto más que suspicacias en el Gobierno español, sobre todo después del famoso asunto tax-lease, en el que al político socialista no le tembló el pulso en condenar a la extinción a la construcción naval española, y hasta hacer devolver a nuestros astilleros unas ayudas que también habían recibido empresas de otras naciones europeas.

Plan del Gobierno

El actual plan de Fomento consiste en integrar todas las autopistas en una empresa pública, nuevo grupo al que se dotará de nuevos activos a lo largo de los próximos años con las concesiones que vayan volviendo al Estado para hacerlo más rentable y luego poder privatizarlo de nuevo.

En el fondo el plan del Gobierno es dejar que el tiempo arregle una situación endiablada, a la que se da un pase al frente. Si la crisis remite y hay un aumento de los tráficos Fomento prevé que en unos años podría volver a privatizarse la nueva empresa pública que se está construyendo ahora con tantas dificultades.

Un calco del rescate financiero

Realmente se trata de un calco del programa efectuado por Luis de Guindos a través del Frob sobre el sistema financiero con la creación de la Sareb con los inmuebles que la banca no podía digerir, solo que el primero fue un hospital de viviendas y ahora se quiere que lo sea de autopistas.

Las autopistas afectadas son las cuatro radiales de Madrid, la R-3, R-5, R-2, y R-4, la autopista Ocaña-La Roda, la Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, la que une Madrid con el aeropuerto de Barajas y la Circunvalación de Alicante.

Se sabe que tras estos primeros reveses judiciales, el Gobierno está pidiendo a los jueces que aplacen las liquidaciones de las autopistas hasta encontrar una solución dado que el Estado es responsable subsidiario sobre las autopistas, lo que está dando fuerza a las concesionarias para negociar, y que si se produce una cadena de quiebras y liquidaciones sus obligaciones de pago estarían entre los 4.000 y 4.500 millones.

Responsabilidad subsidiaria del Estado

La responsabilidad patrimonial obligaría a la Administración a hacerse cargo de los pasivos para cumplir las obligaciones de pago tanto con los propietarios de los terrenos que en su día fueron expropiados como con los bancos acreedores.

Sin embargo, no todo van a ser malas noticias para el Gobierno. Una reciente consulta al Consejo de Estado por parte de alguno de los ministerios tras un recurso de afectados por las expropiaciones deja abierta la puerta a rebajar mucho la responsabilidad patrimonial del Estado en base a que no se puede pagar dos veces por las expropiaciones, habida cuenta que ya se ha pagado una vez. Según han interpretado algunos ello supondría reducir en más de 1.000 millones la factura total para el Estado