Una de las asignaturas pendientes del Gobierno en materia económica, que parece que podría posponerse a la próxima legislatura, es la solución a las ocho autopistas de peaje que en la práctica están en quiebra, después de haber entrado en concurso de acreedores.

Si bien el Ministerio de Fomento planteó la creación de una empresa pública -que sería de alguna manera una reedición de ENA-  las condiciones planteadas en este plan a las empresas concesionarias, constructoras afectadas por estos activos y a la banca acreedora han impedido hasta ahora la constitución del grupo que iba a quedarse con las autopistas quebradas. No obstante, los problemas del ministerio que dirige Ana Pastor no han sido menores con el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha priorizado que la solución no compute como déficit público.

¿Qué impide en la actualidad un acuerdo para la creación de la nueva ENA (Empresa Nacional de Autopistas) Hay más de un tema, ya que existen aspectos que afectan a las compañías y otros a los bancos acreedores. Por un lado el tipo de interés al que se pagará la deuda que han rechazado de forma categórica -especialmente las entidades financieras extranjeras-  el 1% ofrecido por el Gobierno. Si bien ya se plantea que el tipo sea el de las emisiones del Tesoro a 20 años: en el entorno del 2%. También rechazan la quita del 80%, mientras que se admite un 50%.

Este contexto que se ha complicado por una reciente sentencia judicial sobre la autopista AP37, Seopan (la patronal de las constructoras) estima que el coste de una eventual liquidación de estas autopistas ascendería 8.000 millones -de los que 5.700 millones corresponderían a la responsabilidad patrimonial administrativa- más un coste adicional de 2.342 millones por las demandas en los tribunales.