Agradecía Antonio Machado a los antiguos griegos que hubieran ayudado a los maestros a ganarse el pan. ¿De qué íbamos a comer si Platón y Aristóteles no hubieran existido? La misma pregunta se pueden hacer los cronistas parlamentarios (los pocos que van quedando) sin los plenos de los miércoles. El de este 11-M comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas (192 fallecidos) de los atentados contra los trenes de cercanías del corredor del Henares, en Madrid. Y acto seguido recuperó el tono crispado del anterior, dedicado al debate de la nación. No hay que asustarse, pues la cara de perro se va a mantener en los nueve meses que restan para el final de la legislatura, que serán cinco de actividad parlamentaria si descontamos las vacaciones de verano y la campaña electoral.

El socialista Pedro Sánchez quería obtener alguna respuesta del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, sobre el procesamiento de la dirección del partido por parte del juez Pablo Ruz como beneficiario a título lucrativo de la trama Gurtel de corrupción y también quería saber si han depositado ya la fianza de 245.000 euros que les reclama el magistrado de la Audiencia Nacional en su auto de procesamiento. No lo consiguió. Rajoy salió por los EREs de Andalucía, que costaron 850 millones de euros y acumulan la apreciable cantidad de 250 imputados entre pilladores netos, responsables políticos de la Junta de Andalucía y beneficiarios que pasaban por allí. La explicación de Rajoy se resume con el famoso “tú más”. Para llegar al Gurtel, Sánchez tuvo que formular la pregunta sobre el desbordamiento del Ebro y las cuantiosas pérdidas de los agricultores y ganaderos, con los que Rajoy ni siquiera se reunió en su visita a Zaragoza. El del PSOE reprodujo una frase que se le escapó al Presidente: “Yo voy adonde me llevan”.

Por la mitología griega sabemos que Hércules tuvo que desviar el cauce de los ríos Alfeo y Peneo para limpiar las cuadras de Augías. Aquí ni el Ebro ni el Guadiana ni el Guadalquivir limpiarían el patio de Monipodio de la sinvergüencería política. La más sutil y astuta es la que nos habla de la última instancia: la manipulación de los juzgados. A ella se refirió Sánchez cuando pidió a Rajoy que Hacienda le envíe los informes que ha pedido y que dejen de amenazarle. Pero, sobre todo, el portavoz socialista, Antonio Hernando, cuando exhibió a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, una misiva del Ministerio de Justicia que demuestra cómo el responsable del departamento, Rafael Catalá, interviene de mala manera en la Audiencia Nacional.

El asunto podría tener gracia. Les cuento. La colaboradora del ministro Catalá, doña Carmen Sánchez-Cortés Martín, remite el 17 de febrero una carta a la presidencia de la Audiencia Nacional en la que señala que la que envió vía email el 20 de enero no vale. En ella pedía que, conforme a la ley, informaran cuál de los cuatro candidatos con derecho al cargo debía ser designado Secretario de Gobierno de la propia Audiencia Nacional. Y aportaba los nombres de los mismos, comenzando por Luis Martín Contreras. Sin embargo, algún alguien debió alertar a tiempo a Catalá de que ese Contreras no es de confianza e incluso puede que sea simpatizante de los socialistas. ¡Maldición! Con el aviso de que la petición no vale, Catalá nombró directamente a doña Asunción Mosquera, que esta sí es de confianza, cercana al PP. Digo que podría tener gracia si no fuera porque el Secretario de Gobierno coordina el operativo judicial y conoce los casos y los pasos de cada magistrado. ¿Alguien duda de quien lo nombra dispone de un sistema de “alerta temprana”? Para eso sirve el poder Ejecutivo imbricado en el Judicial. ¿Alguien duda de que Montesquieu murió hace 260 años y sus postulados sobre la división y el contrapeso de poderes es en la España de hoy pura entelequia?

Justicia y no persecución a muerte pidió la diputada de UPyD Irene Lozano al ministro de Defensa, Pedro Morenés, para la capitán Zaida Lozano, quien tras sufrir el acoso y la agresión de un teniente coronel que fue condenado por esos hechos, ha visto cómo los superiores –colegas y compañeros de promoción del acosador– se han dedicado a amargarle la vida, hasta el extremo de acusarla de la falsificación de la fecha de un documento con la firma de dos mandos, una de ellas falsa, para acusarla de un delito por el que le piden seis años de prisión. Los peritos caligráficos judiciales dictaminaron que el número de la fecha cuya falsificación le atribuyen no lo puso ella. Y aunque no detectaron lo más fácil, la falsificación de la firma de un mando, lo que habría supuesto la apertura de un juicio contra los denunciantes por fabricar pruebas falsas e impedido el ascenso a general de uno de los implicados, un descendiente del que fuera jefe del Ejército con el Gobierno de Aznar, el recientemente fallecido Alfonso Pardo de Santallana, la propia Zaida informó al ministro Morenés y denunció los hechos.

Con esta oficial y su marido en la tribuna del público, la diputada Lozano acusó a Morenés de no haber hecho nada por ella “mientras ella, que ha sido destinada a primera línea en una zona de conflicto, podría morir por usted”. Lozano le pidió que dimita “porque hay muchos sádicos en el Ejército y muchas Zaidas, y nadie puede confiar en usted”. Ahí se rompió el temple del ministro, que acusó a la diputada de “impostura y circo mediático, de “manchar el buen nombre de las Fuerzas Armadas” y de “bajeza moral”. Fue tremendo.