El Fondo Social de Viviendas (FSV) se creó en enero de 2013 con 5.891 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar).

Expiraba a los dos años de su constitución (17 de enero pasado) pero el Gobierno lo prorrogó un año más, hasta enero de 2016. Se constituyó por acuerdo entre los Ministerios de Economía, Sanidad y Fomento, las principales entidades de crédito y sus asociaciones, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma del Tercer Sector.

El FSV es una de las medidas, junto con el Código de Buenas Prácticas (CBP) y la moratoria de desahucios, que el Gobierno puso en marcha para hacer frente a este problema social y de las que únicamente se han beneciado en conjunto unas 31.000 familias.

Además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes flexibilizar más los requisitos de acceso al Código de Buenas Prácticas para ampliar el colectivo de beneficiarios y prorrogar hasta mayo de 2017 la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de estos colectivos.

Pues bien, según el propio ministerio de Economía, el Fondo Social de Vivienda recibió en en 2014 un total de 2.061 solicitudes frente  las 1.446 registradas en 2013. En conjunto, las peticiones suman 3.507, de las que 2.230 han sido aceptadas; 1.003, rechazadas y 274 están pendientes de examinar. Tienen ya vivienda asignada 1.969 solicitudes y se han realizado 1.767 contratos (465 en 2013 y 1.302 en 2014, un 280% más).

Flexibilización de requisitos

El  ministerio que dirige Luis de Guindos añade que el aumento (un 42%) del número de peticiones y de contratos en 2014 sobre 2013 responde a la flexibilización de los requisitos para poder acceder a una de estas casas y a la ampliación de los colectivos susceptibles de acogerse así como a las mejoras de gestión y al mayor conocimiento por parte de los potenciales beneficiarios.

Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario.

Deben reunir también una serie de requisitos económicos. En concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

Además, deben cumplir con otros requisitos, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado. Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos (esta circunstancia no estaba recogida) y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales. Con esta ampliación de requisitos el Ministerio de Economía asegura que se incluye prácticamente a todos los colectivos con necesidades especiales derivadas de la crisis.