En los pasillos del Congreso, De Guindos ha explicado que el Gobierno está abierto a algunos cambios como lo ha estado cuando ha tramitado otros decretos como proyectos de ley. «Puede haber mejoras», ha dicho.

En cualquier caso, ha recordado que el decreto supone la mayor planificación del régimen de insolvencia en España al actuar en la fase preconcursal, la concursal e incluyendo a las personas físicas.

A su parecer, las nuevas medidas completan un ciclo que modifica las relaciones entre acreedores y deudores justo cuando el país está saliendo de la crisis y las entidades están ya en una situación diferente.

Se tramitará como proyecto de Ley

El PP ha sacado adelante en el Pleno del Congreso el decreto ley de la segunda oportunidad con una votación en la que ha contado con el apoyo de CiU y la abstención de PSOE, UpyD, ERC, BNG y CC-NC. Sólo PNV y la Izquierda Plural han votado en contra.

Además, el texto, con el que se pretende ofrecer una posibilidad a las personas físicas y pymes sobreendeudadas de buena fe para que puedan retornar a la economía productiva y no tengan que arrastrar una deuda de por vida, se tramitará finalmente como proyecto de ley, tal y como demandaban casi todos los grupos políticos.

De esta forma, el texto, muy criticado por los grupos por incluir muchas medidas inconexas, podrá ser modificado a través de enmiendas parciales.

El texto revisa la fase de negociación extrajudicial, en la que el deudor puede intentar acordar con los acreedores una reestructuración de su deuda, apoyado por un mediador concursal, de modo que el procedimiento se ajuste a las especificidades de pymes y personas físicas.

En caso de que esta opción no prospere, se acudirá al concurso de acreedores, que podrá acabar en la exoneración de las deudas pendientes tras la liquidación siempre y cuando se hayan pagado los créditos no privilegiados, contra la masa y, si no se ha intentado el acuerdo extrajudicial, el 25% de los créditos ordinarios.

Plan de pagos y registro público

Si no se ha podido cumplir esos objetivos, el juez puede imponer al deudor un plan de pagos a cinco años, durante los cuales el crédito hipotecario tendrá un tipo equivalente al Euríbor más el 0,25%. Si el plan se cumple, el ciudadano quedará liberado del resto de su deuda.

No obstante, acogerse a esta opción supondrá también figurar durante cinco años en un registro público, que se complementará con una nueva página web del Ministerio de Economía donde los ciudadanos podrán consultar su situación de solvencia.

Para evitar que la segunda oportunidad afecte a la cultura de pago de las deudas o encarezca los costes de financiación de familias y empresas, el Gobierno ha introducido ciertas salvaguardas, como limitar a diez años la frecuencia con la que se pueda acudir esta posibilidad, introducir el control jurisdiccional o reforzar las exigencia de buena fe, entre las que se cuentan no haber rechazado un puesto de trabajo apto en los últimos cuatro años.

Código de buenas prácticas

En el mismo decreto, el Gobierno aprovecha para ampliar los requisitos para poder acogerse al Código de Buenas Prácticas bancarias, de modo que el límite de los ingresos sea finalmente tres veces el IPREM calculado con catorce pagas (en lugar de doce, como hasta ahora).

Además, se considerarán ciudadanos especialmente vulnerables a los mayores de 60 años y también se eleva el precio pagado por el inmueble, de modo que más personas puedan beneficiarse de las medidas de reestructuración, quita o dación en pago que prevé el Código, previa negociación con la entidad financiera.

El Ejecutivo también amplía estas medidas, y a quienes cumplan los requisitos del Código verán eliminadas las cláusulas suelo de sus contratos hipotecarios (incluso aunque se hayan acogido a la segunda oportunidad), si bien no será con efectos retroactivos ni se les devolverá ninguna cantidad abonada por este concepto.

Igualmente, se amplía por dos años, hasta 2017, la moratoria a las ejecuciones hipotecarias -que vencía el próximo mes de mayo- para que quienes cumplen las condiciones exigidas no pierdan su vivienda, si bien durante ese tiempo seguirán acumulando intereses de demora en su deuda.

Fomentar el empleo y la conciliación

El Ejecutivo también ha recogido en este decreto ley algunos de los anuncios realizados por el presidente, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la Nación. Por ejemplo, la ampliación del ‘cheque familiar’, para que las deducciones acumulables en el IRPF lleguen también a las familias monoparentales con al menos dos hijos o a los pensionistas o parados con prestación por desempleo que tienen a su cargo a una familia numerosa o a algún discapacitado.

También se regula mediante este texto legislativo la bonificación del 100% de la cuota por contingencias comunes que resulte de aplicar el tipo obligatorio a la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos que contraten a un parado para sustituirles en su actividad durante un máximo de un año si es para cuidar a algún menor de siete años o a algún familiar dependiente.

Otra de las medidas incluidas en el decreto, la exención de cotizaciones por contingencias comunes por los primeros 500 euros en nuevos contratos indefinidos que se firmen entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de agosto de 2016, tendrá un impacto de recaudación «neutro», según el Gobierno, porque se compensará con el incremento del empleo.

En el decreto, el Gobierno también ha incluido la eliminación de las tasas judiciales a personas físicas, que tendrá un coste recaudatorio para las arcas públicas de 65,12 millones de euros, así como la reducción de 35 a 20 de las jornadas necesarias para que los trabajadores eventuales del campo tengan acceso al subsidio y la renta agrarios.

Finalmente, uno de los artículos del decreto da forma legal al acuerdo alcanzado con los representantes de los funcionarios para constituir mesas de negociación específicas en los ámbitos de la Salud, la Educación y la Justicia, y para reordenar las unidades electorales de cara a los procesos de elección de representantes que deberán celebrarse en un plazo máximo de diez meses desde la entrada en vigor del cambio.