El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Ferroviaria, un texto que flexibiliza el canon que las compañías ferroviarias deben pagar a Adif por circular por las líneas de tren y utilizar las estaciones, con el fin de fomentar la entrada de empresas privadas que compitan con Renfe.

El texto legal suprime el denominado canon de acceso a la red ferroviaria e introduce la posibilidad de que se apliquen bonificaciones en el importe del resto de cánones.

De esta forma, la ley persigue aumentar la oferta de servicios ferroviarios, «lo que se traducirá en una mejora de la calidad y accesibilidad», y optimizar el uso de las «excelentes» infraestructuras del país, segundo del mundo con la mayor red de AVE.

Con la nueva Ley Ferroviaria, el Gobierno también aglutinará y actualizará toda la actual normativa ferroviaria, transpondrá normativa europea sobre la materia y «reforzará» los mecanismos de seguridad a través de la Agencia Seguridad Ferroviaria que comenzará a operar el próximo 1 de abril.

De esta forma, se busca «establecer un marco jurídico que permita seguir desarrollando un modelo ferroviario de máxima calidad», según informó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.