En España, según la ley, el contrato normal es el contrato indefinido. Y, según la normativa, se pueden firmar contratos temporales únicamente si concurren razones que así lo justifiquen. En caso contrario, la utilización del contrato temporal está proscrita. Esta norma, poco respetada en la práctica, contará en breve plazo con 800 nuevos hombres dedicados a vigilar su cumplimiento.

El consejo de ministros ha estudiado este viernes el anteproyecto de ley para la reforma de la inspección de trabajo, que además de adaptar la normativa a la actual realidad autonómica española, se ha fijado como meta redoblar la lucha contra la temporalidad injustificada. También agudizará el control sobre el trabajo infantil, así como el cumplimiento de la norma sobre prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo.

El Gobierno prevé que la futura ley entré en vigor a partir de agosto o septiembre. Hasta ese momento, el anteproyecto de la Ley ordenadora del sistema de inspección de trabajo y seguridad social–que cuenta con la valoración “positiva” de los sindicatos – pasará por diferentes instancias del Estado, en primer lugar el Consejo Económico y Social (CES) cuya valoración dará paso el trámite parlamentario.

El anteproyecto convierte a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en un organismo autónomo, lo que facilitará la participación de las comunidades autónomas, algunas de las cuales han asumido competencias en este sentido tras la aprobación de sus respectivos Estatutos. El nuevo ente contará con un Consejo Rector, con representación tanto del Gobierno central como las comunidades autónomas.

Se prevé además la creación de una oficina nacional antifraude, que perseguirá el trabajo no declarado y estará vinculada a su correspondiente europea. En este sentido, la plantilla dedicada al control de las irregularidades quedará duplicada, pues a los 964 inspectores dedicados a estas funciones, se unirán 836 subinspectores, que asumirán nuevas competencias.

Control de la temporalidad

Según Empleo la prioridad será controlar la temporalidad injustificada, el trabajo infantil y el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y de salud en el trabajo. El año pasado la inspección tramitó más de 102.000 denuncias; unas 37.000 se referían a trabajo no declarado; otras 32.000, a abusos en el trabajo.

Otros ejes de acción destacados por Empleo son el control de los contratos a tiempo parcial. Tras flexibilizar este tipo de contrato, el Ejecutivo aprobó en 2013 normativa en relación a este contrato a fin de impedir que las plantillas trabajen a jornada completa, cuando están contratadas a tiempo parcial. Según Empleo, el año pasado se realizaron 14.400 inspecciones por este motivo, un 127% que un año atrás.

Otra iniciativa para luchar contra el fraude laboral es el buzón antifraude, abierto en 2014 y que, tras recibir las denuncias de los ciudadanos, ha regularizado 3.000 empleos, informan desde el ministerio.

Los sindicatos aplauden la reforma

Las centrales sindicales ha valorado de forma “positiva” el contenido del anteproyecto de ley para la reforma de la inspección de trabajo que ha estudiado hoy el consejo de ministros. En este sentido, UGT y CCOO afirman que la ley reguladora del sistema de inspección de trabajo, aprobada en 1997, “exigía modificaciones estructurales” a fin de adaptarse a la nueva realidad autonómica.

Las centrales ha pedido que se mejore “con el mayor consenso” el actual texto durante su trámite parlamentario, y han señalado las mejoras introducidas hasta la fecha en los sucesivos borradores, que han contribuido a perfilar mejor las funciones de los distintos cuerpos implicados, así como la composición de las estructuras centrales y periféricas.

Por su parte, el ministerio de Empleo ha destacado que desde 2012 se han incorporado más de 200 nuevos efectivos a la labor de control del fraude laboral, entre inspectores y subinspectores, además de los 80 efectivos que se encuentran en el proceso de selección y cuya incorporación se prevé para 2016.

En 2015, la oferta de empleo público prevé una tasa de reposición del 50% de los efectivos inspectores, añaden. Por tanto, el Gobierno repondrá la mitad de las plazas que queden vacantes en este cuerpo.