El diseño de salvación del ministerio para estas vías, que se basa en su integración en una sociedad pública -que sería una ‘copia’ de la antigua ENA (empresa nacional de autopistas-, contempla, entre otros temas, la quita del 50% en la deuda. El pasivo restante se convertirá en bonos a 30 años, con un tipo de interés del 1%.

Este es un escollo al que se enfrenta el plan de Pastor, ya que bancos y concesionarias demandan una rentabilidad mayor para poder titulizar la deuda con un margen razonable. Y puede impedir también la compra de la deuda de las entidades extranjeras por parte de la banca española, como quiere Fomento, ya que los bancos foráneos quieren salir lo antes posible del embrollo en el que el conjunto de los acreedores están inmersos.

La deuda de las entidades extranjeras se eleva a unos 1.300 millones de euros, que quedarían en 650 millones después de la quita. Para este endeudamiento estaba previsto fijar una rentabilidad del 2,5%, pero ahora este tema también queda en el aire.

Seopan, la patronal de las concesionarias y autopistas, señala que la quita real es del 80% en el plan actual, y que, asimismo, las condiciones actuales no permiten la monetización de la deuda comercial. Además cifran en unos 8.000 millones el eventual coste para el Estado ante la posible liquidación de estos activos, ya que se activaría la Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA) que implicaría un coste total de unos 8.000 millones de euros (la deuda más las indemnizaciones por el previsible aluvión de demandas).

Y, pese a que la Administración ha recurrido el auto, el panorama se complica con la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid de abrir la fase de liquidación de una de las ocho autopistas en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar la propuesta de acreedores de Fomento.

En el auto, el juez anula así la junta de acreedores de esta autopista. Con la apertura de la fase de liquidación de la sociedad concesionaria de esta vía, controlada por Ferrovial y Sacyr, se activaría la responsabilidad administrativa que el Estado.