Con el Parlamento pasa lo mismo que con el empleo: aunque no haya trabajo, hay mucho que hacer. La tercera semana de este marzo loco transcurre transcurre en silencio. El ruido y la traca son fenómenos semovientes y han cambiado de escenario. Mas esto no quiere decir que los gabinetes no estén preparando las escenas que han de venir. Una de ellas, acaso inperceptible porque afecta a todos los ciudadanos, es la negociación que mantiene el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, con los registradores mercantiles sobre las compensaciones económicas que van a recibir por hacerse cargo de la gestión del Registro Civil. Se trata de una producción legislativa tan curiosa que podría llevarnos a pensar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un registrador al fin al cabo, ha decidido aplicar la máxima de algunos gobernantes en fase terminal: si no puedes hacer el bien para la mayoría, procura beneficiar a la minoría más cercana. En este caso, los de su gremio, el númerus clausus del arancel.

La cosa es que Rajoy y su ministro Catalá han decidido entregar a los registradores de lo mercantil (120 en toda España) nada menos que la llevanza del Registro Civil, lo que además de generar la incertidumbre laboral entre los dos mil empleados públicos adscritos al Ministerio de Justicia que se ocupaban de esa labor, provocará la sorpresa de millones de ciudadanos cuando para inscribir a un recién nacido hayan de acudir al Registro Mercantil. Nada hay de extraño, sin embargo, en este proceder si recordamos aquellas palabras del jefe del Gobierno en Tokio, según las cuales los trabajadores son en España la materia prima más abundante y barata que puedan encontrar los inversores.

Para compensar económicamente a los registradores por la nueva tarea, Catalá explora con ellos algunas posibilidades de cobro directo a los ciudadanos. Como las vías de cobro son bastantes y requieren fina pluma jurídica y burocrática antes de endosarlas al Congreso, vía enmiendas del PP a la nueva ley del Registro Civil, el Grupo Popular ha ampliado el plazo de enmiendas una semana más (y van 12) hasta el martes, 24, de este mes. ¿Qué se traen entre manos?, se preguntarán ustedes. Según las fuentes parlamentarias consultadas, las posibilidades de cobro por el registro que están manejando son, entre otras, por la expedición del Libro de Familia, por los títulos de Familia Numerosa, por los cambios de nombre y del orden de los apellidos. Como ven, la familia lo primero.

La panoplia es más amplia. Sobre la mesa está la obligación de registrar la concesión y la revocación de poderes notariales (más de un millón al año), la obligación del registro de vecindad (a los humanes semovientes no les bastará con empadronarse, tendrán que registrar sus domicilios a efectos de notificaciones y demás), y «cualesquiera otras obligaciones» que tengan a mal incluir en el nuevo texto legal para complicar la vida a la gente.

El diputado y portavoz de IU en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, que viene sigiendo el asunto de la privatización del Registro Civil desde que el inefable Alberto Ruiz Gallardón decidió entregar a los notarios los 400.000 expedientes de solicitud de nacionalidad, estima que los registradores van a incrementar extraordinariamente su facturación, con un volumen de negocio de 1.200 millones de euros nada menos. La portavoz socialista y antigua compañera suya, Rosa Aguilar, también ha alzado la voz contra esta privatización de la gestión de un servicio público que hasta ahora era gratuito para el ciudadano si por tal entendemos que no tenía que pagar tasas por unos trámites obligados.

La cuestión de fondo radica en si un gobernante puede legislar a favor de los de su gremio o si debe abstenerse de participar en la legislación tendente a favorecerlo y a favorecerse a sí mismo como registrador con plaza en propiedad, que es el caso de Rajoy. Ya cuando la ley de Costas del ministro Miguel Árias Cañete impuso a los ayuntamientos la obligación de registrar los dominios públicos martítimo-terrestres, algunos parlamentarios sospecharon que el presidente podría incurrir en conflicto de intereses como registrador en activo en el futuro. La nueva norma abunda en una duda sobre la que, como dijo el que dijo, ya veremos.