Los operadores petroleros no podrán copar más del 30% de las ventas minoristas anuales en cada provincia a partir del 1 de julio de 2016, según consta en una de la treintena de enmiendas que el PP ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de Hidrocarburos, a las que ha tenido acceso Europa Press, con la intención de repartir la cuota de mercado de forma «más justa».

Ya desde julio de 2013 los mayoristas propietarios, gestores directos o indirectos, o con contratos de exclusividad de más del 30% de las gasolineras no pueden incrementar el número de sus estaciones de servicio ni firmar nuevos contratos de exclusividad, aunque sí pueden renovar los existentes incluso aunque eso signifique superar ese porcentaje.

Para fomentar más la competencia, los ‘populares’ vinculan ahora también los límites a las ventas, de modo que superar el 30% de ventas anuales en la provincia también impedirá hacerse con nuevas instalaciones, independientemente de que con ello no se aumente el número total de gasolineras.

REVISABLE A LOS TRES AÑOS

El objetivo es evitar que los mayoristas reorganicen su red «deshaciéndose de instalaciones de su propiedad y adquiriendo otras de manera que, sin incrementar el número de estaciones que controlan, puedan ampliar sustancialmente su cuota de mercado en aquellos ámbitos donde ya superan el 30% de la cuota de mercado».

Y la Dirección General de Política Energética y Minas publicará anualmente un listado de los mayoristas que superan el porcentaje establecido, que podrá ser revisado por el Ministerio del Interior «a los tres años o cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo aconsejen».

A efectos del cálculo, el Gobierno considerará que son integrantes de la misma red las gasolineras en propiedad -tanto de explotación directa como de cesión a terceros por cualquier título- y las que tienen un contrato de suministro en exclusiva, así como cualquiera perteneciente al mismo grupo empresarial.

El incumplimiento de estos límites o cualquier práctica de los mayoristas dirigida a determinar directa o indirectamente el precio de venta del combustible a las estaciones de servicio será considerado infracción grave.

Además, para favorecer la apertura de nuevas estaciones de servicio, se obligará a las comunidades autónomas a incluir en su registro de instalaciones de distribución al por menor todos los proyectos de apertura de nuevas estaciones y su estado de tramitación, y no sólo las que ya están funcionando.

En aras a mejorar la supervisión sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), el PP también permite a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «condicionar» la metodología de las tarifas de acceso a las instalaciones de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos y establecer observaciones y recomendaciones para su mejora.

MÁS TRANSPARENCIA

Por otra parte, las enmiendas del PP buscan ahondar en la transparencia en el sector de los combustibles, facultando a la Dirección General de Política Energética y Minas a solicitar «en todo momento» una copia de los contratos de suministro en exclusiva entre operadores al por mayor y estaciones de servicio, para «poder supervisar adecuadamente» el cumplimiento de las limitaciones establecidas.

Igualmente, se permitirá que las gasolineras que no pertenezcan a la red de su suministrador puedan informar del origen del combustible que venden, publicitando así al mayorista. Y se permite también que los distribuidores al por menor -tanto estaciones de servicio como empresas de venta directa-  puedan vender carburantes a otras gasolineras, otra de las cuestiones que el PSOE ha puesto sobre la mesa en alguna ocasión.