El Gobierno ‘popular’ someterá a la libre competencia la impartición del 100% de los cursos de formación para el empleo, que hasta ahora eran coto prácticamente reservado a sindicatos y patronales. Otras novedades del real decreto ley aprobado hoy, que ha suscitado las críticas de los sindicatos, es el cheque formación que recibirán los desempleados, así como la cuenta formación que registrará todos los cursos que los trabajadores realicen a lo largo de su vida laboral.

Tras el consejo de ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que esta es una de las reformas estructurales “claves” de esta legislatura que potencia la “transparencia” en un sector donde se han producido algunos de los casos “más llamativos” de fraude y corrupción.

En este sentido, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha rechazado las críticas recibidas por las tensiones que esta reforma ha despertado entre el Gobierno, por un lado, y los sindicatos y, sobre todo, los empresarios, por otro; y ha afirmado que el real decreto-ley es fruto de un diálogo “exhaustivo” con los agentes sociales.

Críticas de los sindicatos

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) ha criticado una reforma urdida por el Gobierno “sin consenso”, y ha dicho no entender la “urgente necesidad” que motiva su aprobación por la vía de un real decreto-ley que relega, ha dicho, a los empresarios y sindicatos a un papel “meramente decorativo” en la gestión de la formación para el empleo.

Mientras tanto, UGT ha confiado, al igual que CCOO, en que el Gobierno acceda a introducir cambios durante la tramitación de la norma en Las Cortes, al tiempo que ha exigido un mayor control de la formación bonificada, que organizan las empresas, y un mayor papel para los sindicatos en la gestión de la formación, tanto en las comisiones paritarias que decidirán sobre algunos aspectos de los cursos, como en la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo –que sustituye a la actual Fundación Tripartita –.

Sin embargo desde UGT han aplaudido que el Gobierno mantenga la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema, y asuma la vinculación entre los cursos y la negociación colectiva. También celebra el impulso dado al reconocimiento de la experiencia profesional y que el Ejecutivo identifique a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, como uno de los ámbitos donde hay mayor posibilidad de mejora.

Mejora en los contenidos

El Gobierno ha justificado la reforma en la necesidad de mejorar el control del fraude en un sistema que mueve 1.800 millones de euros anuales, recaudados a través de la cuota de formación que pagan empresas y trabajadores, y que partir de ahora podrían empezar a pagar también los autónomos. En este sentido, tras conocer el decreto, la agrupación de autónomos ATA ha valorado que el Gobierno concede nuevos derechos a los autónomos con una reforma que reconoce a este colectivo el derecho a la formación como un derecho individual.

Pero además, el Ejecutivo ha esgrimido la falta de calidad de los contenidos como otra de las razones que han motivado la reforma. Así, Báñez ha destacado que solo un 4% de los cursos en el sistema actual iban dirigidos al sector turístico, a pesar del peso en la economía de este sector, mientras que un 45% de la formación se orientaba hacia el sector sociocultural.

La ministra también se ha quejado del poco peso de las nuevas tecnologías –que solo merecieron un 9,4% de los contenidos – en el modelo anterior, y ha recordado que se prevé la creación de 19 millones de empleos de alta cualificación en Europa entre 2013 y 2025, según estudios de la Comisión Europea (CE).

Objetivos de la reforma

Báñez ha enumerado los objetivos de la reforma, como son favorecer la creación de empleo estable y de calidad, mejorar la competitividad de las empresas, garantizar el derecho individual a la formación permanente el empleo, así como mejorar la empleabilidad de los trabajadores, y potenciar una cultura de la formación.

Para ello, la nueva norma mejora la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno y los agentes sociales, ha dicho Báñez, a través de un sistema integrado de información. En este sentido, la ministra ha ilustrado la necesidad de este control con el caso de un alumno que supuestamente realizó 155 cursos en un solo año, sin que fuera detectado, algo imposible con el nuevo sistema, ha sentenciado.

Los agentes sociales sí planificarán los cursos

La ministra ha rechazado las críticas sindicales sobre el nuevo papel que la reforma reserva a los agentes sociales, y ha informado que desempeñarán una importante función en la planificación de la formación, al reconocer que empresarios y sindicatos son los que “mejor conocen” las necesidades de las empresas en este asunto.

El decreto apuesta por la impartición de cursos en la modalidad de teleformación, flexibiliza la formación de demanda o bonificada, que organizan las propias empresas (algo que no ha gustado a los sindicatos), y somete a concurrencia competitiva el 100% de los cursos (frente al 60% actual).

Se crea también el cheque formación para desempleados, que podrán elegir dónde se quieren formar. Un sistema que ha recibido las críticas de CCOO, que ha destacado la mala experiencia vivida en Suecia, que ha terminado retirándolo, e Inglaterra, donde, afirmaron, se ha descubierto un “fraude millonario” asociado al uso de este cheque formación.