El Gobierno «penalizará» a las aseguradoras que incumplan el concierto con Muface

22/03/2015

diarioabierto.es. El Gobierno asegura que "penalizará" a las entidades aseguradoras que colaboran con Muface --la mutua de los funcionarios-- que incumplan el concierto.    

Ya sea por no garantizar el acceso a los medios asistenciales o por vulnerar el principio de continuidad asistencial para pacientes en tratamiento por patologías graves al obligarles a cambiar de centro sanitario.

Así lo asegura en respuesta al portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Joan Coscubiela, que en una pregunta parlamentaria denunciaba que las empresas colaboradoras del Muface están «recortando servicios y calidad, cuadros médicos y especialidades concertadas en numerosos hospitales», además de cobrar a los funcionarios por ciertos servicios sanitarios que reciben en las mismas consultas de siempre.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno explica  de forma prolija el funcionamiento de Muface, que al no tener medios propios para prestar la asistencia sanitaria a sus mutualistas, firma conciertos con entidades de seguros o con las entidades de la Seguridad Social, para que sean éstas las que se encarguen de la cobertura médica recogida en los acuerdos.

Una cobertura que debe incluir, en todo caso, la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) «con el mismo contenido que a cualquier otro usuario», a la que se puede acceder tanto por medios propios como por recursos concertados por las aseguradoras, quedando fijado en el concierto las especialidades exigibles en cada nivel asistencial, los servicios de referencia para patologías complejas o los centros especializados que deben existir en función de la población o la distancia de desplazamiento, entre otros criterios.

Intervención limitada

Sin embargo, la oposición –incluido el propio Coscubiela– han denunciado en diferentes ocasiones que la reducción «significativa» de las aportaciones del Estado al Muface en los últimos años está provocando una «reducción de la cantidad y la calidad de la asistencia», ya que muchas colaboradoras de la mutualidad han suprimido centros y médicos de sus carteras, por lo que los mutualistas se están viendo obligados a cambiar de doctor o pagar un copago para poder mantenerlo.

En este sentido, el Gobierno recuerda que Muface «no puede interferir en la relación de servicios contractuales que cada entidad concertada pueda establecer con los diferentes proveedores sanitarios, ni obligar a la designación de medios asistenciales concretos para la prestación del servicio, ni obligar a que se designen todos o parte de los recursos que tengan contratados para todo tipo de pólizas privadas».

Lo que sí puede hacer es «obligar a que, en el caso de que la entidad concertada no disponga de los recursos exigidos en el concierto, deba hacerse cargo directamente del gasto ocasionado por la utilización de medios no concertados» como modo de garantizar la accesibilidad de los funcionarios a los servicios obligatorios.

En la misma línea, continúa el Gobierno, el concierto prevé diversas estipulaciones para «razonablemente garantizar la continuidad asistencial de los pacientes, especialmente aquéllos con patologías graves», con lo que también se dificulta cualquier posible intento de «transferencia de riesgos» por parte de las aseguradoras al sistema público de salud.

En cualquier caso, el Ejecutivo asegura que «se penalizarán aquellas decisiones de las entidades concertadas que pudieran suponer una vulneración del concierto, ya sea por la infracción de la obligación de garantía de accesibilidad a los medios, como del principio de continuidad asistencial para pacientes en tratamiento de procesos patológicos graves ante los supuestos de cambios de un centro sanitario o servicio hospitalario concertado».

La Mutua no está quebrada

Por otra parte, Coscubiela denuncia en su pregunta parlamentaria las «dificultades presupuestarias» que atraviesa la mutualidad causadas, a su entender, por la «menor aportación» de Hacienda en los últimos años, a lo que se suma el agotamiento de la Tesorería del Muface, a la que se ha estado recurriendo para solventar la falta de transferencias del Estado.

«¿Piensa el Gobierno adoptar alguna medida que contribuya al restablecimiento del equilibrio presupuestario de Muface? ¿Ha analizado el Gobierno la hipótesis de la desaparición de la mutualidad? ¿Conoce el coste económico que supondría la desaparición de un modelo que lleva funcionando más de 35 años, debido a la infradotación presupuestaria de los últimos años?», pregunta el diputado catalán.

Unas afirmaciones que el Ejecutivo niega tajantemente en su respuesta por escrito. «Muface no está atravesando por dificultades presupuestarias o económicas. Dispone de una situación económica saneada, no presenta falta de liquidez o de Tesorería, y es solvente para atender sus obligaciones. Dispone de un presupuesto equilibrado y paga puntualmente y de forma ejemplar, en menos de 30 días, a todos sus proveedores», asegura.

Con respecto al remanente de Tesorería, Hacienda reconoce que ha «experimentado una reducción» pero no cree que vaya a «afectar en absoluto a la suficiencia financiera» del organismo ya que, en cualquier caso, los fondos para atender todas sus obligaciones «están plenamente garantizados» por el Estado.

«La aplicación de este recurso propio es de carácter ordinario y ha obedecido a las indicaciones impartidas en general para todo el Estado por las autoridades presupuestarias competentes», añade, recordando además que en el concierto firmado en diciembre para el actual ejercicio se ha incrementado un 0,9% la prima, lo que supone un «esfuerzo presupuestario muy apreciable, asegura completamente la viabilidad de Muface y lanza un mensaje de sostenibilidad y apuesta (por la mutualidad) en el tiempo».

Por último, el Ejecutivo niega que se hayan suprimido prestaciones de naturaleza social del Muface, como asegura Coscubiela, y señala que lo único que se ha hecho ha sido «suspender la convocatoria de alguna de ellas» por las «exigencias de consolidación presupuestaria».

Cortina de humo

Ante esta respuesta del Ejecutivo, fuentes de CSI-F consultadas por Europa Press critican la «cortina de humo» que el Gobierno trata de lanzar «contestando a cosas que todo el mundo sabe» para «no hacer frente a las preguntas» del diputado de IU-ICV.

En este sentido, el sindicato mayoritario entre los funcionarios recuerda que las condiciones fijadas en los conciertos «no han funcionado tan como están reguladas» durante los años que lleva durando la crisis. «Ha habido corte en la continuidad asistencial, bien negándola o bien denegando el servicio que les atendía, derivando a otro aparentemente análogo; o bien dilatando el proceso en un momento muy delicado para el paciente», asegura.

Finalmente CSI-F califica de «tomadura de pelo» que el Gobierno niegue haber suprimido prestaciones sociales. «Decir eso es reírse de todos nosotros», insiste el sindicato, asegurando que desde enero de 2013 se han retirado fondos de estas prestaciones para «dedicarlos a la asistencia sanitaria», mermada por la reducción de ingresos de Muface.

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