El ministerio de Economía presentó este martes con una nota de prensa los resultados de las medidas de protección de deudores hipotecarios puestas en marcha a mediados de 2012 que desde entonces han beneficiado a más de 31.500 familias.

Hay que tener en cuenta por ejemplo que solo en el primer semestre del año pasado, las entregas de viviendas por impago de créditos fue de 26.549.

Las distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno tenían por objeto, según el departamento dirigido por Luis de Guindos,  de ayudar a aquellas familias a quienes la crisis ha impedido seguir haciendo frente a sus pagos hipotecarios.

En concreto, el ministerio afirma que «la ampliación de los colectivos susceptibles de beneficiarse de estos mecanismos -el Código de Buenas Prácticas (CBP), el Fondo Social de Vivienda (FSV) y la suspensión de los lanzamientos- además de las mejoras en la gestión y un mayor conocimiento de ellos ha impulsado su utilización». «Es previsible -añade- que este número aumente tras la ampliación de beneficiarios incluida en el Real Decreto de Segunda Oportunidad».

Por lo que se refiere al Código de Buenas Prácticas (CBP) y desde que se puso en marcha a mediados de 2012, se han registrado 37.416 solicitudes para su aplicación, asegura el ministerio.

De ellas, 12.650 finalizaron en reestructuraciones viables de deuda, en 3.843 casos se acordó la dación en pago con la consiguiente extinción de la deuda y en 6 casos hubo quitas, en total 16.499 familias beneficiadas. Además, en este periodo se han paralizado 13.000 lanzamientos y cerca de 2.000 familias se han beneficiado de un alquiler social.

A lo largo de 2014 los datos muestran un importante incremento en las familias beneficiadas por el Código de Buenas Prácticas. De las 22.998 solicitudes recibidas, en 9.728 casos se acordó la reestructuración de la deuda (un 275% más que en 2013) y hubo 2.829 daciones en pago (215% más que en 2013).

Según el departamento dirigido por De Guindos, la progresiva mejor acogida de las medidas incluidas en el Código de Buenas Prácticas se explica por las mejoras introducidas en la Ley 1/2013 de 14 de mayo que supusieron ampliar y flexibilizar las herramientas de protección.

Previsiblemente, dice el ministerio de Economía, estas cifras aumentarán en los próximos meses porque el Real Decreto Ley de Segunda Oportunidad aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de febrero ha ampliado el ámbito de aplicación del CBP para ampliar el colectivo de posibles beneficiarios.

En concreto, se ha incrementado el límite anual de renta familiar hasta tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015. Se amplían también los supuestos de especial vulnerabilidad, para incluir a los mayores de 60 años.

Además, se ha elevado el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del Código de Buenas Prácticas hasta 300.000 euros (250.000 euros para la dación en pago). Se ha establecido igualmente la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo si las hubiere para los deudores protegidos por el Código de Buenas Prácticas. Por último, se ha extendido hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.