Según las huellas que dejan los distintos actos del juez Eloy Velasco, quien lleva el caso Púnica, el centro de esta red de piratas de lo público no es Paco Granados, José Antonio Alonso o David Marjaliza, todos ellos multimillonarios; aunque algunos, los segundos, hacían más ostentación de su fortuna, extraña fortuna, que el primero, que se cuidaba muy mucho de guardar las apariencias. El foco está en alguien que cobraba 1.800 al mes de la Comunidad de Madrid, que es la causa por la que ha sido imputada la Directora de Comunicación de la Comunidad de Madrid, por servicios de seguimiento y posicionamiento de los miembros del gobierno de esa institución en las redes sociales.

Ese foco judicial tiene nombre, Alejandro de Pedro Llorca. En lo hasta ahora publicado por los medios de comunicación, no he visto claramente la relación de estos servicios de comunicación con todo el marasmo de recalificaciones de terrenos y compraventas inmobiliarias. Reconozco, de antemano, que puedo ser muy torpe y que, al parecer, la cercanía entre Marjaliza y de Pedro estaba fundamentada en intereses conjuntos. Pero eso son cosas que quien las sabe, o al menos las sospecha, es la Guardia Civil y el juez instructor. Ahora bien, no creo que el servicio en sí, el seguimiento y posicionamiento en la red, sea un tipo de servicio que deba ser criminalizado.

De Pedro es un especialista en un trabajo del que hay mucha demanda y poca oferta. Por ello, ante la crisis experimentada por el periodismo tradicional, muchos periodistas que han salido de las redacciones –casi siempre ERE o cierre del medio de comunicación mediante- han reciclado sus profesiones hacia tal actividad. La ejercen para instituciones, empresas y profesionales liberales. Demandantes de estos servicios que son conscientes de que hoy en día la reputación y la esfera pública está principalmente en la red y, en particular, en ese inmenso flujo continuo de mensajes que son las redes sociales.

El señor de Pedro se dedicaba a la reputación en internet a través de su empresa Eico. Parece que, según sospecha el juez Velasco, entre otras cosas, ya que el sumario le ha puesto en el papel del: “conseguidor de la trama Púnica”. Es decir, que sospecha que se dedicaba a muchas otras cosas con la finalidad de engordar los bolsillos propios y, cabe suponer, de los otros miembros de la trama; pero ello no tiene porqué ser sinónimo de que una actividad, por la que era contratado este señor en muchas ocasiones, como la de seguimiento y posicionamiento online de sus clientes sea una actividad delictiva

En el caso concreto que nos ocupa, la empresa del señor de Pedro se dedicaba al seguimiento de todo lo que acontecía online y afectaba a la Comunidad de Madrid. Como, por ejemplo, el seguimiento del caso de ébola que nos trajo en vilo durante el verano. Un acontecimiento que produjo millones de mensajes en las redes sociales. Algo inabarcable si no se tienen los aparatos, software y, sobre todo, conocimientos y expertise necesarios. Nada de esto estaba a disposición del Departamento de Comunicación de la Comunidad de Madrid antes de la contratación de este señor.

A la Comunidad, llegó el señor de Pedro con una amplia cartera de clientes de alto tronío, empezando por el Real Madrid de don Florentino Pérez. Siguiendo por Mediaset, Sacyr y OHL. También con un historial de contratos de administraciones y organizaciones públicas como el PSOE vasco de Patxi López y varios ayuntamientos, especialmente de su región de procedencia (Gandía, Villajoyosa). Siguiendo la lógica del sumario, tal vez también tendrían que imputar a estas empresas y organizaciones. Dado que son pocos los pioneros en este campo de actividad, seguramente el señor de Pedro tiene una larga lista, por lo que el sumario de los “contratos de reputación online” puede alargarse hasta la eternidad. A lo peor, lo que se quiere es que dure y dure el sumario, como las pilas del conejito.

El señor de Pedro ha hecho trabajos, para todos esos clientes, como seguimiento de los mensajes relacionados con las marcas o instituciones contratadas, con las personas que representan tales instituciones. También ha hecho trabajos como posicionamiento en esas redes sociales de las webs institucionales de sus clientes y sus representantes. Vamos, creo que habrá hecho lo que se considera lo normal. Lo que hacen ya muchos profesionales. Unos incorporados a grandes agencias o empresas de comunicación, especializadas en imagen corporativa. Por cierto, las grandes empresas españolas, las que hacen eso que se llama “Marca España”, utilizan tales servicios de agencias para posicionarse en el mercado global, especialmente el que habla en español. Otros profesionales, la gran mayoría, trabajan en solitario o en pequeñas empresas, mucho de carácter corporativo. Hacen lo que parece que hace, entre otras cosas, el señor de Pedro. Tal vez sería el momento oportuno de redactar sus códigos éticos, entre los que no dudo que entra la producción del buen nombre de sus clientes en el mundo virtual, debiendo estar prohibido el realizar actuaciones destinadas a manchar el nombre de los contrincantes u opositores en el mercado, sea éste mercado económico o político.

Si se condena al señor de Pedro y, a la otra parte, lsabel Gallego, como responsable del contrato llevado a cabo por el Departamento de Comunicación de la Comunidad de Madrid, me parece que se estaría condenando a muchos profesionales de la comunicación. Esos que tal vez ocupen el eslabón más débil, puesto que no están amparados por grandes grupos empresariales de comunicación, ni siquiera por la Asociación de la Prensa, que, por otro lado, parece más el portavoz de esos grupos empresariales que de los propios profesionales de la comunicación.

Javier Callejo es sociólogo y periodista