El Tribunal de Cuentas pone en tela de juicio la eficacia recaudatoria del embargo de cajas de seguridad en entidades bancarias como mecanismo para luchar contra las insolvencias aparentes, a la luz de los ingresos obtenidos por la Agencia Tributaria (AEAT) en 2013 -el primer año de aplicación de la medida- por esta vía: apenas el 0,6% de lo perseguido, en concreto dos millones de los 319 que había previsto.

Así consta en el ‘Informe de fiscalización de la actividad realizada por la Agencia Tributaria para el cobro efectivo de las deudas tributarias durante los ejercicios 2012 y 2013′ del organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda, documento al que ha tenido acceso Ep.

Según el informe, durante el año 2013 funcionarios de la AEAT se personaron en 542 ocasiones en 270 sucursales de 24 entidades financieras de todo el país y embargaron 344 cajas de seguridad. Su intención era recuperar hasta 319 millones de euros de deuda que 551 contribuyentes físicos y jurídicos tenían con la Hacienda pública, pero «finalmente sólo se recaudaron 2 millones de euros«, lo que equivale al 0,6% del total y pone de manifiesto una «eficacia recaudatoria limitada», según el Tribunal.

Con el mismo objetivo de luchar contra las insolvencias aparentes, la Agencia «superó ampliamente» el número de investigaciones de movimientos financieros que preveía realizar, si bien el Tribunal destaca el número de requerimientos de información a las entidades bancarias que no obtuvieron respuesta: 564 en 2012 y 1.127 en 2013. Pese a ello, entre los dos ejercicios estas actuaciones sólo dieron lugar a la apertura de cuatro expedientes sancionadores.

Fallidos y rehabilitados

Por otra parte, el organismo fiscalizador detectó un «incremento relevante» entre 2012 y 2013 de las declaraciones de fallidos de deudores insolventes (+43%) y de los créditos incobrables (+8%). Además, los casos de rehabilitación de insolventes sobrevenidos se más que triplicaron de un año a otro, a pesar de que más del 60% de los créditos volvieron a ser dados de baja por incobrables apenas un mes más tarde, de media.

De hecho, el informe señala que en octubre de 2014 se habían ingresado sólo 166 de los 1.362 millones de euros rehabilitados en 2012 y 173 de los 1.433 millones de 2013, apenas el 8%, lo que refleja que «solamente un porcentaje muy bajo de créditos rehabilitados llega realmente a cobrarse».

En parte, el Tribunal achaca esta situación a la falta de un procedimiento para tramitar insolvencias o rehabilitaciones parciales a los contribuyentes, lo que lleva a que la declaración de fallido de un deudor suponga la consideración de toda su deuda como incobrable y a que lo mismo suceda cuando se le rehabilita, pese a que eso no siempre se corresponde con la realidad.