En dicho documento, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda detecta un «incremento relevante» de las declaraciones de fallidos de deudores insolventes (+43%) y de los créditos incobrables (+8%), y apunta a que los casos de rehabilitación de insolventes sobrevenidos se triplicaron de un año a otro, a pesar de que más del 60% de los créditos volvieron a ser dados de baja por incobrables apenas un mes más tarde, de media.

De hecho, en octubre de 2014 se habían ingresado sólo 166 de los 1.362 millones de euros rehabilitados en 2012 y 173 de los 1.433 millones de 2013, apenas el 8%, lo que refleja que «solamente un porcentaje muy bajo de créditos rehabilitados llega realmente a cobrarse».

Situaciones concursales

En parte, el Tribunal achaca esta situación a la falta de un procedimiento para tramitar insolvencias o rehabilitaciones parciales a los contribuyentes, lo que lleva a que la declaración de fallido de un deudor o su rehabilitación suponga la consideración de toda su deuda como incobrable o rehabilitada.

Por su parte, la deuda la afectada por procesos concursales creció «de manera muy significativa» (+46%) entre 2012 y 2013, «en coherencia con la situación económica», alcanzando los 7.682 millones de euros.

De hecho, en el año 2012 la Agencia Tributaria tuvo que cancelar 1.442 millones de euros y otros 1.984 millones más al año siguiente en deudas derivadas de concursos de acreedores, y apenas ingresó 1.154 millones de euros en este proceso entre los dos ejercicios.

Embargos de cajas de seguridad

El Tribunal de Cuentas también pone en tela de juicio la eficacia recaudatoria del embargo de cajas de seguridad de entidades bancarias para luchar contra las insolvencias aparentes, a la luz de los ingresos obtenidos en 2013 -el primer año de aplicación de la medida- por esta vía: apenas el 0,6% de lo perseguido.

Y es que durante 2013 funcionarios de la AEAT se personaron en 542 ocasiones en 270 sucursales de 24 entidades financieras de todo el país y embargaron 344 cajas de seguridad. Su intención era recuperar hasta 319 millones de euros de deuda de 551 contribuyentes físicos y jurídico, pero «finalmente sólo se recaudaron 2 millones de euros», el 0,6% del total, lo que pone de manifiesto una «eficacia recaudatoria limitada«, según el Tribunal.

En este sentido, la Agencia recordó en declaraciones a Ep que este plan de cajas de seguridad no es un proyecto cerrado, sino que se trata de actuaciones «necesarias y legales» con un efecto recaudatorio «limitado» pero con un «claro» efecto inducido ya que las cajas «dejan de ser un refugio para los deudores con la Hacienda pública».

También subrayaba que gracias a estas actuaciones se tiene conocimiento de ciertos bienes, como dinero en efectivo o joyas, y señalaba que aún quedan más de 40 cajas embargadas pero no abiertas a falta de la autorización judicial.

Por otra parte, la Agencia «superó ampliamente» las investigaciones de movimientos financieros previstas para luchar contra insolvencias aparentes, si bien el Tribunal destaca el número de requerimientos de información a las entidades bancarias que no obtuvieron respuesta: 564 en 2012 y 1.127 en 2013. Pese a ello, entre los dos ejercicios estas actuaciones sólo dieron lugar a la apertura de cuatro expedientes sancionadores.

Enajenaciones de bienes

El informe del organismo que preside Álvarez de Miranda hace referencia también a los ingresos obtenidos mediante enajenaciones de bienes a los contribuyentes con deudas tributarias, que crecieron un 10,7% entre 2012 y 2013, pasando de 25 a 28 millones de euros, gracias sobre todo a las adjudicaciones directas (+17%), que cuadruplicaron a los importes obtenidos en las subastas (-13%).

En este sentido, entre los dos años fiscalizados sólo se consiguieron adjudicar una cuarta parte de los lotes enajenados y ofertados y apenas se obtuvo el 5% del importe inicial en 2012 y el 3% en 2013.

Así, en las subastas se adjudicaron apenas el 9% de los bienes por poco más del 1% del importe de la primera licitación. Además, sólo en el 40% de estos procedimientos se obtuvo el 75% del valor -el importe mínimo de adjudicación legalmente establecido- mientras que en el 60% de casos restantes la adjudicación se hizo por debajo del precio de valoración de los bienes.

Por su parte, sólo el 45% de los bienes ofertados mediante procedimiento directo consiguieron adjudicarse, y fue por apenas el 7% del importe total inicial. De hecho, hasta el 73% de los lotes reportaron menos de la mitad de su valoración y un 34% ingresó menos de la cuarta parte de su tasación.

En este sentido, el Tribunal critica que Hacienda «no haya utilizado criterios uniformes» para las enajenaciones en relación con la exigencia y cuantía de los depósitos previos, la publicidad de los procedimientos o los umbrales de suficiencia económica de las ofertas presentadas en las adjudicaciones directas, lo que ha provocado que «junto a lotes adjudicados muy por debajo de su valor de tasación» hubiera otros que «no fueron adjudicados pese a tener un alto número de licitadores interesados porque las ofertas se consideraron insuficientes».

Además, advierte de un gran número de adjudicaciones directas a una misma persona. Así, hubo un caso al que se le adjudicaron 46 lotes por apenas el 14% del valor inicial de enajenación y otro que consiguió 26 lotes por apenas el 8% del precio de tasación.

Medidas cautelares y judiciales

En el informe se constata finalmente un aumento «muy relevante» de las medidas cautelares, de las derivaciones de responsabilidades (+70%), lo que pone de relieve un «margen elevado para poder seguir aumentando y mejorando este tipo de actuaciones», para lo cual el Tribunal recomienda mejorar las aplicaciones informáticas e incluso crear algunas específicas para el seguimiento de cierto tipo de procedimientos.

Con respecto a las acciones judiciales, se incrementaron también «significativamente», aunque no se llegó a las previsiones de la Agencia y se redujo en paralelo la deuda reclamada. Por eso, se recomienda «mejorar» las actuaciones previas a las acciones penales e «incentivar» las investigaciones patrimoniales para «evitar que muchas acciones no lleguen a ejercitarse, que la mayoría concluyan con resoluciones desfavorables y que gran parte de las sentencias favorables no puedan llegar a ejecutarse».