La casualidad ha querido que por una vez, y para que sirva de precedente, el Gobierno y el Congreso de los Diputados estén a la altura de las circunstancias relacionadas con el desastre nuclear que está sufriendo Japón. En efecto, la primera circunstancia consiste en que el reactor número cuatro de la central de Fukushima, que se incendió la madrugada del martes, rompiendo la vasija y liberando a la atmósfera una cantidad indeterminada de radiactividad es idéntico, según los expertos, al de la española de Santa María de Garoña.

El Gobierno decretó el verano antepasado el cierre de esa nuclear después de las elecciones generales del año que viene. Garoña ha cumplido de largo su vida útil, pero hasta el domingo pasado, el líder del PP, Mariano Rajoy, se oponía tajantemente a la clausura. Es más, el presidente de honor del PP, José María Aznar, que cobra de la eléctrica que explota esa central, ridiculizó al presidente Zapatero en un acto de presentación, hace una semana, de un alegato pro nuclear FAES. Queda claro que si el PP gana, Garoña no se cerrará.

La segunda coincidencia con el desastre nipón ha sido la aprobación del proyecto de Ley de Daños Nucleares por la Comisión de Industria del Congreso en lectura única. El texto quedó aprobado este martes con los votos de todos los grupos excepto ERC-IU-ICV. El socialista Jesús Alique explicó que la norma viene a incrementar la responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos hasta una cantidad de 1.200 millones de euros y es “la más exigente de los países de la OCDE”.

Lo curioso, sin embargo, es que hasta el lunes sus señorías no hayan tenido tiempo ni oportunidad de plasmar en una norma los compromisos internacionales firmados en los convenios de París y Bruselas sobre el material nuclear. A la espera de que la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Carmen Martínez Ten, comparezca en el Congreso para explicar el alcance de lo que está sucediendo en Japón, crece la preocupación ciudadana sobre si nuestras centrales son seguras y de fiar.

La otrora feminista Ten acudió el lunes a despachar con el presidente Zapatero y sostuvo que sí. Pero no podemos olvidar que ella alcanzó el cargo después de una dura batalla contra la opacidad y la falta de dureza sancionadora que afectó al propio CSN ante determinados accidentes e incidentes en las centrales españolas. La gravedad de las averías no se debería ocultar. En eso también radica la confianza política.