Aunque los «asuntos privados» del famoso Rodrigo Rato Figaredo, tales como defraudar a Hacienda y acogerse al perdón fiscal de su colega Cristibal Montoro para blanquear la pasta, centran el debate parlamentario de esta penúltima semana de abril, el Congreso no se ocupa de Rato todo el rato, y va a conocer y aprobar un informe muy interesante sobre el impacto de Internet y la prevención de los riesgos de las redes sociales para los adolescentes. Una subcomisión de Interior, compuesta por 18 diputados y coordinada por el riojano del PP Conrado Escobar, venía trabajando desde 2013 en materias tan nuevas y preocupantes como el ciberacoso, el robo de la identidad digital, la pornografía infantil, la pederastia y otras tan sensibles y peliagudas como la captación de yihadistas utilizando la red de redes. Las conclusiones son útiles y demuestran una vez más la importancia de la educación, es decir, el papel de los maestros y profesores en la prevención de los daños a la juventud.

Las comparecencias de 48 expertos han aportado muchos datos y puntos de vista, cada cual desde su posición y actividad. Así sabemos por boca del delegado de Google en España, Francisco Ruiz Antón, que Internet es una herramienta maravillosa que cuenta con 2.400 millones de personas interconectadas, de las que 27 millones son españolas, algo menos de la media de la OCD. También por Carlota Navarrete Barreiro, representante de la coalición de creadores, sabemos que el 84% de los contenidos culturales a los que accedemos por Internet son pirateados, lo que supone una pérdida de 27.000 empleos y un valor de 16.000 millones de euros con el consiguiente impacto fiscal. Estima Navarrete que el 30% de los menores de 18 años utiliza Internet y ha facilitado su número de teléfono en alguna ocasión y el 54% de ellos no ha recibido información alguna sobre normas básicas de seguridad.

Se comprende así que, según un reciente informe de la Universidad de Alicante, el 6% de los adolescentes de 14 a 17 años sufre acoso sexual a través de las redes sociales y el 18% sean víctimas del control de sus parejas. Hay que tener en cuenta que el 82% de esos 27 millones de internautas utilizan las redes sociales. Las más utilizadas son Facebook (96%), YouTube (66%), Twitter (56 %), Google+ (34 %), Linkedin (31%), Instagram (26%), Spotify (24%), Tuenti (12%), Pinterest (9%) y Flickr (8%). Y en todas ellas podemos constatar la casuística variada y las motivaciones ilimitadas de las relaciones humanas, con la diferencia de la comunicación directa pero remota.

Esto da lugar a toda suerte de ardides, engaños y delitos de los que son víctimas las personas menos formadas o más dúctiles y maleables como los adolescentes. En la nueva jerga, el acoso sexual se llama sexting y los insultos y presiones reciben el nombre de bulliyng, grooming y otros anglicismos. Según el presidente de la Fundación Legálitas, Alfonso Carrascosa, los menores son los que menos denuncian cuando, en la realidad, según un estudio de la Comisión europea, el 47% de ellos ha sufrido acoso. Otro problema, como la usurpación de la identidad y la sustración de datos personales se coloca ya como el delito que más crece en el mundo y más ha crecido en España, donde cuatro millones de personas sufren el robo de datos personales. Quiere decirse que los rateros digitales son legión.

Mucho más extensa es la casuística objeto de estudio de sus legisladoras señorías, tanto que la primera conclusión de su estudio consiste en la necesidad de seguir estudiando. Y a continuación, más que medidas legales y penales, ya previstas en el Código Penal, reclaman autorregulación y coordinación de las autoridades y empresas para prevenir y combatir la ciberdelincuencia. Llaman la atención sobre el hecho de que España sea uno de los pocos países occidentales que carece de un Centro de Seguridad en Internet. Y, como decía al principio, fían en la educación la autoprotección de los jóvenes. Pero ¿quién enseña a los padres, a los maestros, a los educadores? ¿Y a los jueces, fiscales y policías? Hacen falta campañas de educación y sensibilización. También de interconexión con las fuerzas de seguridad. Eso dicen.

El guión indirecto de las conclusiones permite afirmar que las unidades policiales contra la ciberdelincuencia –sean espías del CNI o agentes de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía o de las Policías Autonómicas– recurren a las técnicas de meter «troyanos» para introducirse y apoderarse del contenido de los ordenadores particulares de personas a las que consideren sospechosas. Las recomendaciones del informe parlamentario son claras: «apoyar la regulación del «agente encubierto» con autorización judicial previa y sólo para la investigación de delitos graves y especialmente complejos. Apoyar la prohibición de uso de troyanos por la policía sin autorización judicial para acceder a ordenadores de personas meramente sospechosas. Y estudiar la tipificación penal de la suplantación de la identidad. Osese, que delinquir para prevenir delitos no es el camino.