El Consejo de Ministros dará luz verde este viernes a un paquete de medidas de apoyo a los autónomos y la economía social, ha informado este lunes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La nueva normativa se concreta en dos anteproyectos de ley que aprobará el próximo Consejo de Ministros, un anteproyecto de ley de sociedades laborales y participadas, y otro por el que modifica la actual normativa en materia de autoempleo y fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, ha detallado este lunes Sáenz de Santamaría.

Las modificaciones permitirán que las personas de cualquier edad puedan compatibilizar el cobro de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad profesional o empresarial, como autónomos por un período de 9 meses, según detalló la pasada semana la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, a los líderes de las principales organizaciones de autónomos.

También se elimina la restricción por edad en la capitalización de la prestación. Cuando se apruebe la nueva norma, los autónomos de todas las edades podrán capitalizar el 100% de la prestación por desempleo, añaden fuentes del ministerio.

De este modo, al inicio de una actividad, los autónomos podrán por una de estas tres formas de capitalizar su prestación; un único pago (capitalización al 100%); un pago parcial y el resto para el abono de las cuotas a la Seguridad Social (capitalización parcial); o destinar el total al abono de las cuotas sociales.

Además se extienden los supuestos de la tarifa plana de 50 euros a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género y se amplían los incentivos que contemplaba para las personas con discapacidad.

El Gobierno ultima también una nueva Ley de Sociedades Laborales y Participadas, que sustituye a la anterior, de 1997, con el objeto de “clarificar, actualizar y sistematizar” la normativa relativa a este tipo de sociedades para adaptarlas a la nueva realidad económica actual.

Sociedades laborales, nueva definición

La futura Ley de Sociedades Laborales y Participadas sustituye a la anterior, de 1997, con el objeto de “clarificar, actualizar y sistematizar” la normativa relativa a este tipo de sociedades para adaptarlas a la nueva realidad económica actual, afirman fuentes de Empleo.

Así, el texto define las sociedades laborales como aquellas entidades mercantiles en las que, al menos, el 50 por ciento de los trabajadores deben de ser socios que deben poseer, al menos, el 50 por ciento del capital social y el 50 por ciento del derecho a voto. Además, regula por primera vez a la empresa participada, que serán aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que, no alcanzando lo establecido en los requisitos anteriores, promuevan la participación de los trabajadores.

Por otro lado, se incluyen diversas medidas para facilitará su creación, a través de la simplificación de requisitos, la reducción de cargas administrativas y coordinación de registros.

Además, la reforma refuerza el objetivo de promover el acceso de los trabajadores a la condición de socio, mejorando el actual régimen legal, a través de una serie de medidas que incrementan las posibilidades de adquisición de acciones y participaciones por los trabajadores no socios.

También se otorga a los trabajadores un mayor protagonismo en la toma de decisiones, se incorporan principios de buen gobierno corporativo, y se establece su equiparación con los trabajadores por cuenta ajena a los efectos de los incentivos establecidos para la consolidación y creación de empleo.