Se acerca el Primero de Mayo y la oposición socialista de base obrera y laboral aprovechó el pleno del Congreso para pedir cuentas a Mariano Rajoy y a su ministra Fátima Báñez por el retroceso de los derechos sociales con la Reforma Laboral unilateral del PP. Pedro Sánchez colocó el espejo de lo que está pasando: 700.000 empleos menos que hace tres años y medio, cuando el PP llegó al Gobierno; más trabajo precario; 9 de cada 10 contratos temporales con un promedio de 54 días al año; salarios al nivel de hace 25 años, con uno de cada tres contratos con menos de los 648 euros mensuales del SMI. Rajoy miró el espejo y no halló una situación tan fea, pues vio que «se está creando empleo». Su invocación, ad nauseam, del casi millón de puestos de trabajo entre los 446.000 del segundo semestre de 2014 y los 500.000 que se crearán este año con ese crecimiento del 2,9% del PIB, le permite sentirse satisfecho. «No acepto que usted me dé lecciones», le espetó al socialista; «ustedes perdieron 3,4 millones de empleos y con ustedes la temporalidad era mayor».

Cuando el espejo pasó a manos del socialista andaluz Miguel Ángel Heredia, oscureció el balance de una reforma que ha generalizado los contratos temporales y las horas extras con otros datos como la reducción del 20% de la protección por desempleo, los 400.000 trabajadores con contratos de menos de diez horas a la semana, los 125.000 exiliados económicos del último año, el millón y medio de jóvenes en paro y con los pronunciamientos más sobresalientes del Tribunal Supremo (casos de Telemadrid y Coca-Cola) contra una reforma injusta. En resumen, el PSOE pide la fuerza de los votos para derogar la reforma laboral y, por supuesto, para echar al PP del Gobierno.

Para eso mismo y para limpiar las cuadras de Aurgías de las montañas de estiercol y corrupción piden el voto también los de IU-ICV y los de UPyD. Joan Coscubiela acusó a Rajoy de proteger a los corruptos, evasores y defraudadores bajo su manto y le llamó «señor X de la corrupción». Rajoy no se inmutó, leyó la respuesta que llevaba escrita, embadurnó el espejo con los 124.000 millones de euros declarados por empresas y particulares en activos, cuentas y patrimonio fuera de España y, como hiciera la semana pasada en respuesta a Cayo Lara, espetó al catalán Coscubiela: «Usted no conoce este país». Rosa Díez, de UPyD, que algo conoce del saqueo de Bankia, pues no en vano lo denunció al juzgado, le preguntó a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría si sigue manteniendo que los presuntos delitos del que fuera presidente de la entidad, Rodrigo Rato, son un «asunto particular». Ésta se agarró a la cuerda del columpio para no caerse: si es que la denuncia la presentó el FROB, que ha promovido 20 causas judiciales, recordó.

Puesto que algo conoce también el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, aunque solo sea del arco parlamentario, quiso saber si Santamaría mantiene su afirmación de que hay que flexibilizar el régimen de compatibilidad de sus señorías para que la política la hagan los mejores, como ha dicho después de conocer las pingües asesorías que realizan varios diputados del PP. Citó cinco casos de puertas giratorias indecentes en Hacienda, Defensa, Agricultura y otros departamentos gubernamentales que provocaron el largo aplauso de la bancada socialista, e inquirió a la vicepresidenta si esos personajes, cuyos nombres no citó, pero que están en la mente de todos, comenzando por el de Neguri, Pedro Morenés, y siguiendo por Montoro, «enriquecen la política o se enriquecen con la política». Sin otra respuesta que el famoso duo Chaves-Griñán, Santamaría se cayó del columpio quejándose de «la dimisión a plazos».

De eso, de la dimisión, habló Montoro: «Si yo no es que no me quiera ir, es que no me dejan; han cogido la perra, pero no se preocupen que ya me iré», le contestó a Pedro Saura sobre la amnistía fiscal. El propio Pedro Sánchez volvió a pedir que se publiquen los nombres de los 30.000 beneficiados. Montoro aprovechó en beneficio propio el anuncio del Gobierno griego de la coalición de izquierda Ziriza de una próxima amnistía fiscal. «Ya ven que tan mala no puede ser», destacó. Pero cuando la exportavoz socialista Soraya Rodríguez le pidió aclaraciones sobre «el pillaje y la extorsión» por los permisos en Castilla y León para instalar «huertos solares», un pelotazo de 110 millones de euros para los acólitos y altos cargos del PP en la administración autonómica de Juan Vicente Herrera, a Montoro no le quedó más remedio que mirar el espejo retrovisor. ¿Y saben lo que vio? Un esperpento. Vio al fallecido gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, con cuentas en Suiza. «Es la condición humana», musitó.