Los eurodiputados han logrado incorporar en la cuarta directiva anti-blanqueo estos registros centralizados no previstos en la propuesta inicial de la Comisión.

Las nuevas normas obligarán por primera vez a los Estados miembro a registrar los datos de los titulares últimos de las entidades corporativas y otras entidades jurídicas, así como de los fideicomisos y establecen igualmente obligaciones específicas de información para las entidades financieras, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes.

Además, los registros deberán ser accesibles para las autoridades y sus organismos responsables de la inteligencia financiera sin ninguna restricción, las entidades obligadas como los bancos, en aplicación de medidas de «diligencia debida respecto a los clientes» y también para el público, a condición de una inscripción en línea del demandante y del pago de una tasa para cubrir los costes administrativos.

Las normas aclaran no obstante que para acceder al registro, la persona u organización, ya sea un periodista o una ONG, tendrá que demostrar un «interés legítimo» en el supuesto lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes que pueden servir para financiarlos, como la corrupción, los delitos fiscales y el fraude.

Se podrá acceder al nombre y apellidos del propietario, mes y año de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y detalles sobre la propiedad, aunque los Estados miembros podrán hacer excepciones a esta obligación de información, pero sólo «en casos concretos, bajo circunstancias excepcionales», según estipula la normativa.

En el caso de los registros centrales sobre fideicomisos, éstos serán accesibles únicamente para las autoridades y las «entidades obligadas».

La nueva normativa también introduce medidas especiales para personas con «exposición pública», es decir, aquellas con un mayor riesgo de corrupción debido al cargo político que ocupan, como jefes de Estado, miembros del Gobierno, magistrados de los tribunales superiores, y parlamentarios, así como sus familiares.

Así, se exigirá por ejemplo adoptar medidas adicionales como establecer el origen del patrimonio  y de los fondos implicados en las operaciones en el caso de relaciones empresariales con personas de este perfil.

La Eurocámara también ha aprobado las nuevas normas para mejorar el seguimiento de las transferencias de fondos, es decir tanto de los pagadores, como los beneficiarios y sus activos.

Los Estados miembro, que ya dieron su visto bueno a las normas, tendrán dos años para trasladar la directiva a su legislación nacional, aunque en el caso de las nuevas normas sobre la transferencia de fondo será de aplicación directa en todos los países 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.