El resultado de las elecciones del pasado 24 de mayo evidencian que el status político existente hasta ahora no es sostenible. El cambio de los gobiernos municipales y de las Comunidades Autónomas afecta a sectores regulados, entre ellos al eléctrico, si bien el impacto será más relevante si el giro político se traslada a las elecciones generales, es decir, a la formación del nuevo Gobierno de la nación. Son circunstancias que preocupan en medios de esas compañías, y así algunas intentan tender puentes con partidos, ahora en la oposición, pero que pueden tener un papel relevante en el futuro Ejecutivo.

De momento, el tema que tienen sobre la mesa es la decisión anunciada por los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que se va a trasladar a cientos de consistorios, de impedir el corte de suministro eléctrico a personas con riesgo de exclusión social. Medios consultados señalan que no se pronunciarán hasta que no conozcan la vía por la que se financiarían las facturas impagadas que suman una cuantía de unos 1.300 millones. Y añaden que se opondrán a que se traduzca en nuevas tasas, recordando que abonan del orden de los 500 millones de euros al año a los municipios.

La misma respuesta dan a la posibilidad manifestada por Ada Colau, previsiblemente nueva alcaldesa de Barcelona, de imponer impuestos adicionales a las eléctricas que operan en el ayuntamiento de la capital catalana. En cualquier caso se recuerda que las empresas del sector han recurrido ante los Tribunales medidas del Gobierno del PP o de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y que ese se puede considerar como un precedente de su forma de actuación.

Con ser temas que preocupan al sector no son los más significativos. La controvertida y extensa normativa que el Ministerio de Industria ha elaborado a lo largo de los tres últimos años y que fue cuestionada por las eléctricas, al final ha sido aceptada por las compañías integradas en Unesa -Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Cantábrico (EDP) y Viesgo- en la medida que ha sido en parte modificada y porque aseguran la estabilidad al sector.

Si bien sigue existiendo conflictos con Industria y no prevén grandes inversiones en España por la lentitud en la recuperación de la demanda, los presidentes han reclamado que se mantenga el marco que ha proporcionado la ley eléctrica, que está permitiendo que no se generen nuevos déficits tarifarios (cuando los ingresos regulados no cubren los costes).

Sin embargo, fuentes consultadas recuerdan que se trata de una ley que no fue consensuada con el PSOE, principal partido de la oposición, que salió básicamente por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento, por lo que está abocada a ser sustituida o modificada, aunque todo quede supeditado a los resultados de las generales. Las líneas estratégicas se perfilan actualmente y uno de los puntos básicos es el apoyo a las energías renovables, así como al carbón nacional. Hay, no obstante, otros temas no menos sustantivos como la remuneración por tecnologías de generación (tratamiento de las nucleares y la hidráulicas), alargamiento de las vida útil , autoconsumo, eficiencia y políticas tarifarias.

Es un escenario que va creando incertidumbres, según los analistas, y más para empresas como Endesa que depende más del marco regulatorio español, sin entrar en otras medidas como un eventual aumento de los impuestos o, medidas que parecen congeladas como la nacionalización de algunas actividades y que no serán apoyadas por los socialistas.

La jornada posterior a las elecciones, el pasado lunes 25 de mayo, Endesa fue la empresa más penalizada con un descenso del 4%, mientras que Iberdrola y Gas Natural Fenosa registraron caídas superiores al 2%. El castigo ha sido también mayor para la empresa controlada por la italiana Enel en las sesiones posteriores.