El Consejo de Ministros del pasado viernes 29 de mayo aprobó un acuerdo que tiene trascendencia por sí mismo, pero también por la repercusión en compañías que puedan verse afectadas por su desarrollo. En el texto aprobado, que había sido redactado por el Ministerio de Defensa, se fijan «las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional». Y se establecen los principios necesarios para identificar las citadas capacidades o áreas de conocimiento relacionados con los intereses esenciales de la defensa y seguridad nacional.

Quedan «identificados» nueve campos industriales, entre ellos los relacionados con la ciberdefensa, el control del tráfico y ayudas a la navegación, el sistema de tratamiento de datos, los sistemas de navegación y los sistemas complejos integrados.

En este contexto, el acuerdo señala que el Gobierno adoptará «cuantas medidas considere necesarias para proteger productos o servicios suministrados por uno o más contratistas, cuando dichos productos o servicios sean esenciales para salvaguardar una respuesta operacional».  Y se estima además que servirá de indicación para las compañías para conocer sobre qué productos pueden desarrollar su tecnología y producción con el apoyo del Ejecutivo.

El acuerdo aprobado por el consejo, después de casi tres años de elaboración, servirá también para vetar la entrada de socios en una compañía o su venta, aunque sea privada. España podrá basarse en el Tratado de la Unión Europea si quiere ejercer ese derecho.

Y ¿a qué empresas previsiblemente puede afectar este acuerdo? Medios consultados  señalan que la cifra no sería muy elevada, aunque quedará fijada en función de los contratos que suscriban, pero que sí será significativa por el nivel tecnológico. Y que la más relevante será Indra. El plan estratégico que elabora el equipo de su presidente, Fernando Abril Martorell, focaliza la compañía en áreas como la ciberseguridad y la ciberdefensa, y estos programas tendrán que ser desarrollados con el apoyo del Gobierno. El ministerio que dirige Pedro Morenés cuenta con los derechos políticos del 20% del capital de Indra adquirido por el Estado a través de la SEPI.