La mejora de la economía es incontrovertible. Y nuestro mercado de trabajo reacciona antes al estímulo del crecimiento. Sin embargo, la capacidad de resistencia de los hogares está agotada. Por lo cual urgen pactos que blinden el sistema sanitario y de pensiones. Y combatan el auge de la desigualdad, especialmente entre las familias de los 750.000 desempleados con pocas posibilidades de encontrar empleo.

Este es a grandes rasgos el diagnóstico que hace el Consejo Económico y Social (CES) sobre la evolución reciente de la economía. En la presentación de su memoria de 2014, el presidente del principal órgano consultivo español, Marcos Peña, insinuó la conveniencia de aprobar una renta de supervivencia, que garantice unos ingresos mínimos a las familias que más sufren los efectos producidos por siete años de crisis.

En lo relativo al consumo, los hogares “tardarán en sentir la mejora”, afirmó. “La capacidad de resistencia de los hogares está agotada”. Las familias se han refugiado en un modelo de consumo de supervivencia. “Vivienda y alimentación, ahí se acaba el consumo”, explica.

Cuerpo social “dañado”

El mercado de trabajo español “puede” estar viviendo “un cambio estructural” tras las últimas reformas. Los cambios en el ordenamiento laboral permiten a la economía crear empleo con un menor crecimiento. Ahora, además, la creación de empleo es constante.

Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el mercado de trabajo es “malo”, discrimina a las personas por edad, sexo y territorio, y está marcado por un paro cuya composición es “maligna”, pues afecta sobre todo a personas con poca formación, y que llevan mucho tiempo en el desempleo.

Dos millones de parados son mayores de 45 años. Un millón de parados acumula 2 años o más en el desempleo. De ellos, el 75% tienen solo un nivel de formación básica, explica el presidente del CES.

Por ellos, el presidente del Consejo, compuesto por sindicatos, patronal y otras organizaciones sociales, insinúa la necesidad de aprobar una renta básica que ayude a paliar la pobreza. El coste de esta renta de supervivencia iría de 900 a 3.000 millones, según algunas estimaciones que cita Peña.

Lo prioritario en esta lucha contra la desigualdad es preservar la sanidad y el sistema de pensiones, añade. En el área sanitaria se perciben además grandes desigualdades por territorios. Las comunidades gastan 1.200 euros anuales de media por habitante. Y la diferencia entre la que más gasta y la que menos gasta asciende a 600 euros.

Además, España necesita más ocupados para sufragar el importante sistema de protección social, que ha probado su solvencia durante la crisis. Con 17,5 millones de ocupados, hay unos 13,5 millones de perceptores de algún tipo de renta pública, lo que incluye las pensiones, prestaciones por desempleo, subsidios y rentas mínimas.

Peña ha insistido en que el empleo es esencial, “aunque no es suficiente”. Ha insistido además en la necesidad de cerrar un pacto sobre educación “inaplazable”. Y en relación a los últimos cambios políticos, ha abogado por que las formaciones que concurren a las elecciones favorezcan la “predictibilidad” respecto a sus programas.