El sector eléctrico, tanto el que aúna las empresas de energías tradicionales como el de las renovables, es muy dependiente de la regulación administrativa, y en España está en la actualidad aún adaptándose a la batería normativa que ha promovido y aprobado el actual Ejecutivo en esta legislatura con la base de la mayoría del PP en el Parlamento.

En este contexto general, las empresas de generación eólica tiene su específico panorama que está marcado no sólo por los cambios en el sistema de retribución, que trastocó el escenario para activos y proyectos, sino también por el plan de planificación energética del Ministerio de Industria que asume en la actualidad que son necesarios del orden de los 4.700 megavatios de esta tecnología para 2020. Se trata de potencia a instalar para cumplir con los objetivos vinculantes de la UE. España, que en algún momento fue líder en esta energía, está siendo superada en planes y objetivos por Alemania e incluso Francia.

En cuanto a los proyectos -los más próximos son los relacionados con la subasta de 500 megavatios que abrirá Industria próximamente-, se enfrentan a un obstáculo que puede ser insalvable sin estabilidad legislativa: y es la concesión de financiación por parte de la banca. De hecho las empresas del sector están todavía negociando refinanciaciones debidas al cambio de la retribución de estos activos introducido en la reforma eléctrica. Medios consultados señalan que, no obstante, la banca está siendo proclive a los acuerdos ya que no quieren hacerse cargo de activos por posibles default.

Mientras, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha pedido a Industria que programe las subastas para poder sumar los 4.700 megavatios en 2020, teniendo en cuenta  que estos activos necesitan unos seis años para entrar en funcionamiento. Si bien se estima que podrán presentarse algunos proyectos que quedaron paralizados -unos 10.000 megavatios- y que ya tienen parte de los trámites, como los permisos administrativos, realizados.

Con ser relevante la cuestión de la programación, que debería extenderse a 2030, y la política fiscal, el sector quiere evitar la doble imposición a la que se enfrentan parques eólicos en algunas comunidades autónomas, las cuestiones más prioritarias están relacionadas con la seguridad jurídica que ha motivado además diversos recursos ante la justicia.

Y para que no se repitan modificaciones perjudiciales, como las introducidas por el Gobierno en 2014 por las que se sustituyó el sistema de primas por los llamados incentivos de la inversión, el sector ha iniciado contactos con partidos políticos que pueden ser determinantes en la política energética futura. Quizá, se señala, el principal objetivo actual no sólo es evitar las incertidumbres sino que conozcan las circunstancias en las que se desarrolla esta industria, tanto los productores de turbinas y otros componentes como los que después generar electricidad.

Pero ahora el sector es consciente que existen otros aspectos clave que están en manos de los tribunales y que pueden revisar parte de los pasos dados por la actual Administración. La Fundación Renovables ha acordado presentar una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que investigue si ha producido prevaricación por parte del Ministerio dde Industria, y en especial por parte del secretario de Estado de la Energía, Alberto Nadal, al fijar los criterios en la orden ministerial que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables y que se ha traducido un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales.

La denuncia se centra en el proceso de contratación de consultoras independientes para validar los parámetros de inversión de las plantas renovables sobre las que con posterioridad se aplicaría el recorte de la remuneración. De las tres consultoras que se iban a contratar, finalmente solo se obtuvo un informe, ya que se formalizaron dos contratos y uno se rescindió.