La normativa energética cuenta con nuevas demandas presentadas por inversores que consideran que los cambios introducidos en la ley eléctrica y por diversos desarrollos normativos han vulnerado la seguridad jurídica. La última ha sido presentada por un grupo de inversores alemanes ante el Centro para Arreglo de Diferencias relacionadas con Inversiones (Ciadi), organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial,

El tema es el cambio de la remuneración a las plantas de generación eléctrica con tecnología solar fotovoltaíca y los afectados son Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Peter Flachsmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reis.

A este tema se une la prevista presentación este martes, 9 de junio, de la denuncia por presunta prevaricación de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Fundación Renovables contra Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, con miles de firmas ante la Fiscalía Antocorrupción. La denuncia se centra en el recorte de las retribuciones de las energías renovables en más de 3.000 millones de euros al año en base a unos polémicos informes, además a consultoras -Roland Berger y Boston Consulting-que habían sido contratadas de forma irregular. Además la normativa fue aprobada antes que los expertos presentasen su informe al departamento.

Y si el enredo legal en el que está envuelto el ministerio que dirige José Manuel Soria no fuera suficiente con las demandas acumuladas hasta ahora ante diversos tribunales, el decreto de autoconsumo puede seguir el mismo camino, después de que el Ministerio de Industria remitiese el pasado viernes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el proyecto que regula esta actividad.

En este contexto, la patronal del sector solar fotovoltaico (Unef) estima que el Gobierno intenta frenar la expansión del autoconsumo. En el texto se mantiene el principio de que los autoproductores que estén conectados a la red deberán hacer frente, al igual que otros consumidores, «a los costes del sistema eléctrico», lo que se traducirá en el pago de peajes de acceso a la red de transporte y distribución.

Por su parte, la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) ha pedido nuevos poderes para la Comisión Europea con el fin de asegurarse de que los estados miembros alcancen el compromiso europeo de que el 27% del consumo de energía final proceda de fuentes renovables en 2030. En un comunicado, la patronal europea considera que si un Estado miembro ignorase una recomendación política, la Comisión debería poder emitir una advertencia con la posibilidad de recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia si no se toman medidas.